La suspendida jueza superior María Vidal La Rosa busca que el Poder Judicial reactive la medida cautelar, que una exjueza supernumeraria que ella nombró intentó otorgarle en cuestión de horas, para regresar como presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Vidal La Rosa fue suspendida preventivamente por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial luego de que la prensa revelara su vínculo con el presentador de televisión Andrés Hurtado, Chibolín, a quien se le impusieron 18 meses de prisión preventiva por presuntamente traficar influencias y sobornar en el sistema de justicia.
Tras ser apartada del cargo, Vidal presentó una acción de amparo para anular el procedimiento disciplinario que se le inició y la separación preventiva. La jueza supernumeraria Cinthia Páucar admitió a trámite la demanda el pasado 17 de octubre en horas de la tarde.
Ese mismo día, antes de que se admita la demanda, el abogado de Vidal, el doctor Elías Silva Huallanca, pidió la medida cautelar. En horas de la noche, la magistrada Páucar declaró fundado el pedido cautelar y ordenó que se deje sin efecto provisionalmente la suspensión de la presidenta de la Corte de Lima.
El otorgamiento de la medida cautelar a favor de la magistrada María Vidal fue, probablemente, el último acto que pudo hacer la abogada Cinthia Páucar como jueza supernumeraria.
Vidal la nombró como titular del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima en febrero de este año. Nueve meses después, el jueves 17 de octubre, el presidente encargado de la Corte de Lima, Ricardo Vinatea, dio por concluida la designación de Páucar y estableció como su último día de labores el viernes 18 de octubre.
La resolución que concede la medida cautelar a favor de la jueza Vidal La Rosa tiene deficiencias serias e insubsanables, las mismas que llevaron a la nueva magistrada a cargo del caso, Ana Osorio, a anular de oficio la decisión de su predecesora.
Además, más allá del trámite exprés, la resolución no cuenta con la firma del especialista legal, lo que da a entender que la propia exjueza Cinthia Páucar habría elaborado el texto.
Lo usual es que sea el especialista legal quien califique la demanda y elabore el proyecto de resolución. Luego, se lo envía al magistrado para que revise el contenido y, si está de acuerdo, firme la resolución.
Una vez que eso ocurre, el especialista legal añade su firma y sube la resolución al sistema. Todo ello para que sea notificada a las partes.
Sin embargo, esto no ocurrió en este caso. Incluso, en la resolución de la medida cautelar se incluyó una nota con el siguiente texto: “Se deja constancia de que se descarga la presente resolución al Sistema Integrado Judicial sin la firma del especialista legal debido a que desde las 3:00 p.m. se fue el fluido eléctrico, internet del piso 21, por tal razón el especialista no pude (sic) conectarse virtualmente desde su PC, el mismo que será regularizado el día de mañana a primera hora conjuntamente con su notificación a las partes”.
La “regularización” tampoco iba a ser posible por dos razones: el sistema no permite modificar una resolución una vez que esta fue subida y que el especialista legal asignado al cuaderno cautelar salió de vacaciones.
Sumado a ello, el especialista legal asignado al cuaderno cautelar, Lorena Mejía Paredes, no era el mismo que estaba a cargo del cuaderno principal, Álvaro Contreras Guerrero.
Peor aún, este último especialista informó que solamente estaba autorizado a tramitar expedientes principales, mas no a calificar medidas cautelares.
Por todo ello, la jueza Ana Osorio anuló todo lo actuado en dicha carpeta y ordenó que se vuelva a calificar la solicitud cautelar “conforme al orden y la carga procesal” del despacho. Es decir, que vaya al final de la línea de espera.
Pese a los evidentes vicios, la defensa de la jueza María Vidal busca que se le reconozca la medida cautelar.
Apeló la decisión de la jueza Ana Osorio y espera que una de las tres salas constitucionales de Lima revierta el fallo y declare la validez de la medida cautelar.
El abogado Elías Silva, en diálogo con La República, aseguró que la firma del especialista legal no puede ser obstáculo para que se salvaguarden los derechos de su clienta.
En esa línea, el letrado invoca el “principio de elasticidad”. Es decir, que las formalidades previstas pasen a un segundo plano si lo que se busca es la protección de derechos presuntamente vulnerados.
El abogado Silva también aseguró que los cargos por los que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial abrió proceso disciplinario a la jueza María Vidal están vinculados con temas administrativos y no con su relación con el conductor Andrés Hurtado.
Denunció que existe una “animadversión” contra su patrocinada. “Si no fuera por el programa de Beto Ortiz, a la doctora no la llamarían la jueza ‘chibolina’, indicó.
