En un intento fallido, el Instituto Nacional Electoral solicitó diferir la celebración de las elecciones judiciales del 1 de junio al 31 de agosto de 2025. La petición, escrita y presencial, sometida a consideración de las Cámaras de senadurías y diputaciones, así como de la Secretaría de Gobernación, consistía en que la jornada electoral se llevara a cabo tres meses después de las elecciones locales de Durango y Veracruz, pero los argumentos sobre la problemática logística no fueron suficientes para persuadir a la aplanadora morenista de ajustar la Constitución para cambiar la fecha.
Coincido con la postura del INE: en el escenario actual no hay condiciones suficientes para garantizar el buen desarrollo de un proceso electoral que no tiene precedentes, porque hay que diseñar todo partiendo de base cero y para el que se regatea el presupuesto solicitado por un monto de 13 mil 205 millones de pesos.
La presidenta de la República y diversas voces del oficialismo han sido tajantes al señalar que no entregarán al INE la cantidad solicitada porque, en su opinión, las controvertidas elecciones cuestan menos; además, de que no se entregará financiamiento público a los partidos políticos en esta ocasión, siendo un argumento que pretende confundir a la opinión pública, dado que los recursos partidarios ordinarios y/o de campaña siempre se calculan por separado del costo de las elecciones, por lo cual, para 2025, los partidos políticos, que no intervendrán en las elecciones judiciales, recibirán alrededor de 7 mil 354 millones de pesos para sus gastos ordinarios, con independencia del monto que al final se apruebe para los comicios de personas juzgadoras. El hecho es que la presidenta del INE declaró que si se reducen los montos del financiamiento no se podrá instalar la totalidad de las 172 mil casillas programadas para la elección judicial, aunque unos días después, luego de una reunión de trabajo con Ricardo Monreal, avaló que habían acordado reducir el presupuesto solicitado por un monto que se precisará después de algunas revisiones conjuntas.
Estos elementos prenden focos de alarma sobre las condiciones reales en las cuales el INE tendrá que organizar un proceso electoral sin precedentes, sin experiencia y con recursos recortados que aún no recibe. Más allá de las declaraciones de las consejerías en la Comisión Temporal que organizará las elecciones judiciales, que señalaron que el INE está preparado para afrontar el reto y para imprimir las calidades de los procesos organizados por la institución, queda el registro de que en paralelo enviaron la carta solicitando diferir las elecciones y luego Guadalupe Taddei declaró que las boletas electorales podrían imprimirse sin papel seguridad. Vaya tema, producir boletas sin un elemento esencial de seguridad, después de la declaración pública de dos consejerías que informaron que la institución tiene datos sobre boletas planchadas encontradas en algunas urnas del pasado 2 de junio, sin que se haya aclarado lo que esto implica.
Los apuros que vive el INE se dan con el preámbulo de una reforma electoral hecha al vapor, que no consideró los riesgos de la implementación y las tardanzas impuestas por la litigiosidad del caso.
En el fondo, lo importante para la 4T es que el proceso electoral organizado por el INE legitime un abuso en el ejercicio del poder que destruye elementos esenciales de la democracia mexicana subordinando al Poder Judicial frente al Ejecutivo, para concentrar el poder y ejercerlo con una visión unilateral sin ningún contrapeso donde la Constitución puede ser modificada al gusto de la alianza gobernante.
