Los deudores encaran desde inicio de este año, una revisión más estricta por parte de la banca por la aplicación de nuevas reglas crediticias que las obliga a ser más selectivas al momento de formalizar préstamos, refinanciamientos o readecuaciones de operaciones.
El Reglamento sobre cálculo de estimaciones crediticias exige nuevas pautas para que cada entidad mida la probabilidad de pérdida esperada de un cliente lo cual las obliga a ser más precavidas al otorgar nuevos préstamos, coincidieron las entidades financieras consultadas por La Nación.
La norma creó nuevas categorías de clasificación de operaciones, con base en los días de morosidad, que impone a los bancos, cooperativas, financieras y mutuales a modificar el riesgo del cliente conforme se atrasa en sus pagos. Un préstamo puede pasar de normal, a vigilancia especial o dudosa recuperación de manera más acelerada lo cual puede limitar el acceso a financiamiento de las persona o empresa.
Cuando la operación crediticia está en la fase de normal no existe evidencia en el banco de un incremento significativo del riesgo. En vigilancia especial, sí se observa un aumento importante de las dificultades para pagar; y cuando cae en la categoría de dudosa recuperación significa que hay evidencia de deterioro, el préstamo está moroso o existe una alta probabilidad de incumplimiento de pago. Cuando esto último ocurre, la norma obliga a la entidad a pasar al deudor de la mejor a la peor clasificación.
Para hacerlo, los créditos se le clasifican según el cumplimiento de sus obligaciones, utilizando categorías que van de 1 a 8, donde 1 representa el cliente con los pagos de sus préstamos al día, mientras que en la categoría 8 se ubican aquellos con atrasos de más de 181 días o en proceso de cobro judicial. En la reglamentación anterior la segmentación iba de A1, para los créditos con menos de 30 días de atraso, hasta E, más de 120 días de impago o en cobro judicial.
Las operaciones de categoría 2, aquellas con atraso hasta 30 días, se mantienen en riesgo normal. En vigilancia especial se agrupan los préstamos 3, con mora hasta 60 días; y los 4, con atraso hasta de 90 días. A partir de la categoría 5 (atrasos hasta de 120 días) y hasta el nivel 8 se catalogan los financiamientos de dudosa recuperación, según el nuevo reglamento.
Para hacer el reglamento efectivo, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) impuso una tabla de provisiones con la cantidad de dinero que el banco debe reservar cuando un préstamo se deteriora. Los porcentajes a crear son mucho más elevados que el Reglamento para la Calificación de Deudores, normativa anterior derogada el 31 de diciembre del 2023.
Las estimaciones que una entidad financiera crea por una operación en mora, deben hacerse contra la ganancia del periodo, con lo cual a medida que más créditos se vean afectados, menor será la utilidad de la institución.
Tanto banqueros como exsupervisores del sistema financiero coincidieron en que la nueva norma crediticia, pese a estar dirigida a las instituciones financieras tiene un efecto sobre los deudores o quienes planean pedir un crédito.
Bernardo Alfaro, exjerarca de Sugef y exgerente del Banco Nacional, explicó que el reglamento es mucho más estricto porque aumenta los porcentajes de las estimaciones y reduce las garantías que pueden utilizarse para respaldar un financiamiento, lo cual tiene un impacto en el costo para los clientes.
Además, segmenta a los deudores por tipo de crédito y los atrasos en tarjetas de crédito o crédito de consumo tienen una mayor penalización para la entidad, respecto a los préstamos de vivienda y vehículos, comentó Alfaro.
“Esta nueva norma pretende ser prospectiva, es decir, este deudor cómo se va a comportar en el futuro (...) Es calcular la probabilidad de incumplimiento de una persona para definir si se le puede prestar. Al final es determinar con el uso de un conjunto de variables que el 95% de los deudores que se parecen a este cliente pagan o no“, explicó el exsuperintendente.
Jaime Murillo, subgerente de Riesgo y Crédito del Banco Nacional, recalcó que la nueva norma no se puede clasificar en la mejor categoría de riesgo a los clientes si tienen siquiera un día de atraso, mientras que antes se podía estar en las dos mejores categorías con hasta 30 días de atraso. “Por lo tanto, algunos clientes ahora se clasifican en categorías de riesgo más altas", subrayó.
Murillo añadió que el reglamento no impone nuevos requisitos a la banca. Pero sí proporciona lineamientos sobre la evaluación de la capacidad de pago y el comportamiento de pago histórico de los deudores, aspectos fundamentales en el proceso de análisis crediticio, recalcó.
Para Esteban Zamora, director de Riesgo para Banca de Personas y Pymes de Scotiabank, el impacto más común de la norma de cara al deudor podría darse en la no aprobación de nuevos financiamientos si se solicita una nueva operación.
La nueva metodología para calificar las operaciones crediticias en el sistema financiero provocó un reajuste en el saldo. Hasta agosto pasado, el 87,1% de los recursos prestados a personas, es decir, ¢16,1 billones, se clasificó en la menor categoría de riesgo, la número 1.
Sin embargo, en setiembre del 2023, el 90,7% del saldo era A1, es decir, un monto de ¢17,5 billones, según la última información brindada por la Sugef a La Nación, con base en la normativa que dejó de aplicarse en diciembre del año pasado.
En las empresas también hubo una reorganización. Hasta agosto pasado, el 71,4% del financiamiento empresarial, un monto de ¢7 billones, estaba catalogada como de riesgo 1. Mientras que 12 meses atrás, el 74,5% del saldo, es decir, ¢6,9 billones, se ubicaba en la menor calificación de riesgo, de acuerdo con los datos de la Superintendencia.
La Sugef destacó, mediante su Oficina de Prensa, que la entrada en vigencia de la nueva normativa no provocó un deterioro de los préstamos.
“En cuanto a la variable categoría de riesgo, las proporciones de cartera de crédito tampoco muestran porcentajes muy distantes entre inicios del año y el corte de agosto 2024, al visualizarlo por tipo de persona o por moneda", destacó la entidad fiscalizadora.
Los datos de la entidad muestran que, a agosto anterior, el 84,4% del saldo prestado en colones y en el 74,2% en dólares estaban al día en el pago de obligaciones.
