La renuncia masiva de médicos especialistas, programada para diciembre, generará un impacto inmediato y prolongado en los servicios de salud en todo el país, afectando particularmente el segundo y tercer nivel de atención, que incluye hospitales regionales y periféricos, así como los nacionales y especializados.
Así lo advirtió el gerente médico interino de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Alexánder Sánchez Cabo, en la reunión de la Junta Directiva de la institución de este lunes, donde pidió dar prioridad a esta nueva crisis debido a que, agregó, la afectación será a escala nacional.
Los especialistas pretenden renunciar para ser recontratados, un mes después, con el modelo de salario global definitivo, que es mayor al que reciben. Entre agosto y el 18 de noviembre, la Caja había recibido 65 gestiones de renuncia de médicos especialistas, o ceses de nombramiento.
“Venimos arrastrando un déficit de recurso humano y de fuga de médicos especialistas, y esto va a incrementar las dificultades y la capacidad que tenemos como institución. Les pido encarecidamente que este tema sea valorado como un tema de urgencia”, solicitó Sánchez Cabo a los directores.
Entre los hospitales regionales periféricos que se verían afectados están el Max Terán, en Quepos, Puntarenas, o el de Golfito. Entre los nacionales o especializados figuran el México, San Juan de Dios y Calderón Guardia. También el Nacional de Niños, el Geriátrico y el Nacional de las Mujeres.
Sánchez agregó que, a diferencia de la protesta de abril, cuando los médicos especialistas dejaron de laborar tiempo extraordinario (después de las 4 p.m., fines de semana y feriados), la afectación con esta renuncia masiva será mayor pues incluye la jornada ordinaria, que va entre las 6 a. m. y las 4 p. m., de lunes a viernes.
La afectación abarca la atención de patologías agudas y la de servicios programados; es decir, citas con especialistas, exámenes diagnósticos y cirugías.
La solicitud del gerente médico se hizo en la primera sesión que la Junta Directiva de la CCSS realiza luego de un mes y 15 días de estar paralizada por la suspensión de cuatro de sus nueve miembros y la renuncia de otro más por la investigación judicial del llamado Caso Barrenador.
La Junta Directiva volvió a sesionar luego de que el Consejo de Gobierno nombró a la abogada Laura Ávila Bolaños en la presidencia ejecutiva en sustitución de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, suspendida por un juez el 10 de octubre, durante seis meses, como parte de las investigaciones por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones por año en la adjudicación de contratos a cuatro cooperativas y una asociación médica para el manejo de 138 Ebáis.
La sesión de este lunes 25 de noviembre fue bajo la figura de funcionario de hecho ante la falta de cuórum legal y solo para conocer asuntos urgentes que puedan comprometer la salud y la vida de los asegurados, como esta renuncia de médicos especialistas.
Desde la Gerencia Médica, dijo Sánchez, se han planeado medidas de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios críticos ante la interrupción del vínculo laboral de los médicos especialistas.
Los planes de la Gerencia Médica vienen desde hace dos meses. La estrategia, incluye a equipos de trabajo enfocados en contratación de recurso humano, dijo el gerente a la Junta Directiva.
Entre los escenarios analizados está la contratación de médicos pensionados o de servicios privados que quieran trabajar con la CCSS.
A la vez, gestionan con el Colegio de Médicos y Cirujanos la posibilidad de que agilicen los trámites de autorización para los nuevos médicos residentes que se graduarán en diciembre; especialmente en las áreas de Anestesiología, Ginecoobstetricia, Cirugía General y Ortopedia.
En la Gerencia Médica armaron un equipo para mapear las renuncias que los directores hospitalarios reciben todos los días, para ver cuántos médicos retornan y cuántos no a la institución.
La Junta Directiva acordó solicitar a las gerencias y a la Dirección Actuarial un informe sobre la situación generada por estas renuncias masivas.
El informe deberá exponer los principales riesgos, las medidas de contingencia y eventuales soluciones. El tema será analizado en la sesión del jueves 28 de noviembre, que se realizará bajo la figura de funcionario de hecho.
