El Gobierno mantiene su política de no hacer prisioneros en términos impositivos, volviendo a adolecer de falta de visión perimetral y centrado en llenarse los bolsillos en el corto plazo sin medir que recaudar unas monedas hoy significa perder el cofre de la inversión en el futuro. El brillo que el dinero aporta al descomunal y desaforado gasto público activado por el Gobierno de Pedro Sánchez no es sostenible en el tiempo, y la última reforma fiscal solo ha confirmado a quién se pretende esquilmar: bancos, energéticas, caseros de viviendas y, en general, a la clase media, que al Ejecutivo le parecen unos ricos de baja intensidad.
Las compañías energéticas volvieron ayer a la carga con su advertencia: si les suben los impuestos no podrán invertir. Es decir, que la reforma fiscal, impulsada por el PSOE y la izquierda más radical, en realidad pone en peligro la transición energética que dicen defender. La regulación normativa no está para poner trabas, sino para facilitar las inversiones del sector privado que nos lleven hacia la descarbonización. Se trata de promover incentivos a la innovación y exenciones fiscales para los combustibles renovables, lo que facilitaría una transformación industrial a la que el «impuestazo» solo echa el freno en seco.
«Cualquier drenaje de recursos en una empresa va en contra de la inversión». Lo dijo ayer Francisco Reynés, presidente de Naturgy, y tiene razón. Si las compañías invierten, generan mucho más retorno que lo recaudado por un impuesto especial. Por tanto, cualquier duda que se genere alrededor de un proyecto de inversión, sea impositivo o regulatorio, lo que único que provoca es inestabilidad y recortes, y su retirada un nuevo paso atrás en la transición energética. 30.000 millones están en juego.
Ahora mismo, la inversión de España en redes lleva plana demasiados años. Debería pasar de los 1.800 millones de euros fijados al entorno de los 4.600 millones. Si no se produce ese aumento del Estado en las inversiones, los recursos y la financiación de proyectos se van a mover a otros mercados más favorables. Las compañías advierten que ya vamos tarde. Otros países ya han comenzado con ese aumento de inversiones. Pero claro, ellos no tienen ningún impuesto especial, cuya recaudación seguro que no se utilizará para mejorar las redes.
Aquí, el Gobierno y sus socios prefieren anteponer los cálculos políticos partidistas al bien común y utilizar la demagogia novecentista de ver al empresario como un perverso patrón capitalista, que debe convertirse en una ubre a la que exprimir hasta que ya no dé más leche. Las empresas, y las energéticas, claro, no son una ONG sin ánimo de lucro. Tienen accionistas ante los que responder cada año, que tienen la capacidad para llevarse las inversiones a otra parte si aquí solo les tratan como una vaca a la que ordeñar.
