La compañía no se pronuncia sobre el proceso en marcha e indica a sus beneficiarios que, a partir de febrero, "deberá hacerse cargo (de su asistencia sanitaria) el dispositivo asistencial organizado o concertado al efecto por la mutualidad"
Sanidad acusa a las aseguradoras privadas de seleccionar pacientes y cree que sería “razonable” extinguir Muface
La compañía de seguros SegurCaixa Adeslas ha enviado este lunes un email a los mutualistas en el que les informa de que no ha presentado licitación al concierto de Muface para los años 2025 y 2026. El escrito llega 20 días después de que se conociera el plantón de las aseguradoras al Ministerio de Función Pública, que ha anunciado su intención de presentar una nueva oferta.
En el email, al que ha tenido acceso elDiario.es, la compañía explica que “viene participando en este modelo de colaboración con las mutualidades de funcionarios desde que se instauró en 1975” y que “ha demostrado ser beneficioso para el Estado y, por tanto, para el conjunto de los ciudadanos”. Adeslas es la compañía que presta asistencia a más funcionarios y beneficiarios, algo más de medio millón de personas, unas 70.000 menos que hace una década.
En el email, la compañía no hace referencia al periodo de consultas preliminares de mercado que el Ministerio que dirige Óscar López abrió el miércoles con el objetivo de que las aseguradoras, en el plazo de 10 días, justifiquen por cuánto están dispuestas a prestar el servicio, antes de proceder a publicar una nueva licitación. Tampoco aclara si facilitará esa información a la mutualidad.
Lo que la compañía sí traslada a sus beneficiarios es que el Estado es el responsable de la situación actual de bloqueo. “Lamentablemente, y en contra de nuestros deseos, las condiciones ofertadas en el próximo concierto para los siguientes dos años, no nos permiten continuar prestando a Muface, de una manera sostenible, el servicio de calidad que venimos ofreciendo”, escribe el director de Negocio de Adeslas, Carlos Hernández Iriberri. El concierto que las empresas han rechazado, también Asisa y DKV, contemplaba un aumento de la prima del 16,5% para 2025, la mayor de la serie histórica, y de un 0,6% en 2026.
El Gobierno se guarda bajo la manga el as de la prórroga forzosa, que obligaría a las aseguradoras a continuar prestando la asistencia sanitaria a los funcionarios y sus familias en las mismas condiciones que hasta ahora. Esto es, sin aumento de la prima. En concreto, la Ley de Contratos del Sector Público, a la que se acogió la mutualidad en una nota de prensa, señala que “cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación”, este se puede ampliar por “un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones”.
La aseguradora, no obstante, indica a sus beneficiarios que continuarán, “como hasta ahora, falicitando la atención sanitaria” que puedan “requerir hasta el próximo 31 de enero de 2025, fecha a partir de la cual deberá hacerse cargo el dispositivo asistencial organizado o concertado al efecto por la mutualidad”.
El email, indican desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), “aumenta aún más si cabe la incertidumbre de las personas afectadas”. “No paramos de recibir testimonios de personas afectadas por la situación contándonos su caso: anulación de citas, pruebas médicas, aplazamiento o suspensión de operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas”.
Este sindicato, mayoritario entre el funcionariado, lleva tiempo presionando al Gobierno para que alcance un acuerdo con las aseguradoras. “Se le acaba el tiempo”, indican fuentes sindicales, que están “preparando el dispositivo para la gran manifestación” convocada en Madrid el próximo 14 de diciembre, para la que fletarán autobuses de toda España “para protestar por el abandono” del Ejecutivo y “exigir una atención sanitaria de calidad en el mutualismo administrativo”.
