En el espacio académico en el que estoy discutimos constantemente sobre los regímenes políticos de América Latina. Hace unos días concluíamos que actualmente nos gobiernan varios líderes que accedieron al poder democráticamente (vía voto ciudadano) con un discurso antisistema, presentándose como outsiders o “diferentes” del político “de siempre”; más aún, con un mensaje de destrucción o reforma de “la cochina” política tradicional.
Darle a la gente “lo que pide,” u ofrecer “lo que quiere la mayoría” se entiende en algunos círculos como democrático. Ese es el argumento, por ejemplo, que utiliza hoy México para defender la reforma judicial donde todos los jueces del país serán elegidos en sufragio ciudadano. Los jueces se deberán a la ciudadanía, dicen los defensores de la reforma. Olvidando tal vez que en un sistema de pesos y contrapesos, donde las instituciones funcionan y cada poder tiene un rol que cumplir, los jueces y su labor, se deben a la Constitución; siendo este poder el último bastión para la defensa del imperio de la ley (rule of law). Si los legisladores se deben a la ciudadanía y legislan desde sus ámbitos de representación, y los jueces hacen lo propio, ¿cómo se avanza en la protección de los derechos humanos de las personas? ¿Quién garantiza la igualdad de derechos de todos y todas? ¿Cómo protegemos a la judicatura de una posible instrumentalización política?
Darle a la gente lo que quiere es también el argumento de un Bukele en El Salvador. La gente quiere/necesita seguridad así que “seguridad” se le brinda, sin importar el costo de la misma; pagado en cientos de habeas corpus desatendidos, detenciones arbitrarias de ciudadanos Salvadoreños, un estado de excepción auto-renovable desde marzo del 2022, desapariciones forzadas, una judicatura inexistente o leal al régimen, pero mucha foto y show de un presidente influencer. Pero, ¿eso es todo lo que queremos: pan y circo?
