A partir de 2025, los trabajadores autónomos tendrán desafíos adicionales para garantizar que perciban el total de su pensión de jubilación. Las normativas de la Seguridad Social continúan endureciéndose, exigiendo una planificación aún más cuidadosa para quienes operan por cuenta propia. Los cambios se enmarcan en un contexto de incremento progresivo tanto en la edad de jubilación como en los años mínimos de cotización, un proceso que comenzó con la reforma de 2013 y que sigue marcando la pauta.
La edad de jubilación sigue subiendo gradualmente, situándose entre los 65 y los 67 años dependiendo de los años cotizados. En 2025, para percibir el 100% de la pensión, será necesario haber cotizado 36 años y medio, y esta cifra se elevará a 37 años en 2027. Este cambio obliga a los autónomos a reflexionar sobre su futuro financiero y tomar decisiones estratégicas para alcanzar una pensión completa. Además, existe la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada a partir de los 63 años, siempre que se cumplan los años mínimos de cotización, aunque esta opción implica un recorte proporcional en el importe a percibir.
La relación entre los años cotizados y la pensión es directa y decisiva. Actualmente, la base reguladora máxima se sitúa en 1.435,3 euros, pero el porcentaje que se recibe de esa base depende de los años trabajados:
Este sistema beneficia a quienes tienen carreras laborales prolongadas y continuas, penalizando a aquellos con interrupciones o periodos de cotización reducida. Por ello, para los autónomos, mantener una base de cotización sólida y constante es fundamental para obtener una pensión adecuada.
La planificación es clave para asegurar el futuro financiero, y los autónomos tienen varias estrategias a su disposición:
