El precio de los alquileres es un tema central en las discusiones sobre vivienda y economía en España. Tanto es así que, en los últimos meses, el precio de los alquileres se ha convertido en un asunto de Estado al constatarse que cada vez son más los españoles que no pueden costearse el alto precio de vivir de alquiler en una vivienda por la que pagan una mensualidad desorbitada.
Además, la pasividad política por subsanar uno de los temas que más preocupan a los jóvenes españoles parece no estar favoreciendo el fervor popular. Prueba de ello fue la primera gran manifestación por el derecho a la Vivienda que se convocó en Madrid el pasado 13 de octubre, a la que acudieron 22.000 personas, según datos de la Delegación de Gobierno, y en torno a 400.000 según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, una de las organizaciones convocantes. Manifestaciones que, además, se han repetido este fin de semana en numerosas ciudades españolas, siendo la convocada en Barcelona la más multitudinaria, con 22.000 aseistentes según la Guardia Urbana y 170.000 según las organizaciones convocantes.
Sin embargo, lejos de mejorar, la situación parece seguir igual, o incluso peor, ya que, por el momento, el futuro del tope a la vivienda está en vilo. Todo depende de que el Gobierno cumpla su promesa y el Instituto Nacional de Estadística (INE) elabore el índice específico de cara al próximo 2025 antes de que acabe este año.
La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada el pasado 2023, tenía como objetivo regular la ayuda a prestar a aquellos colectivos con más dificultades de acceso a la vivienda. Además, la ley introdujo en su disposición adicional undécima que el Instituto Nacional de Estadística (INE) definiría, antes del 31 de diciembre de 2024, "un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda" que se fijaría como "límite de referencia" a los efectos del artículo 18 de la Ley de Vivienda (de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado), con el objeto de "evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento".
El problema está en que, a pocos días de que finalice el mes de noviembre de 2024, y a poco más de un mes de que acabe el año, este índice de referencia, que debía elaborar el INE, todavía no ha sido publicado, lo que genera aún más incertidumbre en el precio de los alquileres de cara al próximo año.
Tal y como estableció la ley, la actualización de las rentas de los alquileres estaba ligada, hasta 2023, al Índice de Precios al Consumo (IPC) y, desde entonces, la Ley por el Derecho a la Vivienda reguló esta subida anual al 2% durante 2023 y al 3% durante 2024, ello con el objetivo de evitar aumentos excesivos en las rentas.
Sin embargo, este escenario de incertidumbre deja numerosas incógnitas tanto para inquilinos como para propietarios, quienes no saben cómo les afectará la posible subida, o no, del precio de los alquileres dentro de poco más de un mes. Lo cierto es que, por el momento, hay dos posibles planteamientos:
1. De no aprobarse el Índice de Referencia en lo que resta de año, una de las posibilidades es la vuelta a la actualización de los precios de los alquileres conforme al IPC, tal y como se hacía hasta 2023.
2. No obstante, otro recurso podría ser prorrogar el tope a los alquileres actualmente en vigor del 3% lo que, en cierta medida, favorecería a los inquilinos, que no tendrían que depender de un índice variable, como es el IPC, que, en ocasiones, podría llegar a ser superior al tope del 3%.
De esta manera, habrá que esperar a que finalice el año para comprobar si, finalmente, el Gobierno de España cumple con su promesa de ejecutar un Índice de Referencia, elaborado por el INE, que consiga regular el mercado tensionado de los alquileres o si, por el contrario, los inquilinos volverán a enfrentarse a otra situaciñon de incertidumbre sobre su futuro económico y social.
