Comienza el bombardeo de descuentos por el Black Friday, que se celebra este viernes, 29 de noviembre. Cientos de comercios se suman a esta campaña de rebajas importada de Estados Unidos ofertando precios hasta un 60% más bajos. Sin embargo, buena parte de los chollos no lo son realmente. El Ministerio de Consumo impuso este verano sanciones por valor de 90.000 euros a dos grandes operadores de comercio electrónico por llevar a cabo rebajas engañosas durante el último Black Friday. Además, mantiene abiertos expedientes sancionadores a otros seis operadores por estas mismas prácticas. Ante la extensión de estas "falsas rebajas", que consisten subir los precios de diferentes productos antes del Black Friday para luego rebajarlos a su precio final, el departamento que dirige Pablo Bustinduy advierte de un refuerzo de sus sistema de monitorización de precios para evitar estos engaños.
Los técnicos de Consumo está monitorizando una amplia gama de productos (electrodomésticos, electrónica, deportes o cosmética) que se pueden adquirir en tiendas y en grandes superficies, siempre en compras en línea a través de internet. En el Black Friday del año pasado, comprobaron que más de un 20% de los productos que analizaron incumplían la legislación y que un 60% de las empresas investigadas podrían haber cometido "rebajas engañosas".
Por ejemplo, el año pasado se pudo demostrar que entre el 15 y el 20 de noviembre de 2023 un operador ofertó un ordenador portátil por 626,99 euros, que un día después, el 21, lo subió a 759,99, y ya entre el 22 y el 29 de noviembre (coincidiendo con el Black Friday), lo volvió a bajar de nuevo al primer precio. De esta forma, los consumidores que no tuvieron tiempo para comprobar los precios en los días anteriores, no fueron conscientes de que realmente no estaba rebajado en 133 euros, ya que elevaron su precio en los días previos.
Estas prácticas comerciales se consideran desleales con los consumidores, según recuerda el Ministerio, y suponen una infracción que puede llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, una cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, según la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Sobre esta cuestión, el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista indica que, siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior para poder llevar a cabo una correcta comparación. En este caso, la ley también indica que el precio anterior debe ser el precio menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los treinta días precedentes
