Dos socios de Víctor de Aldama se han desvinculado ante el juez del "caso Koldo" de cualquier participación en los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, por más de 53 millones de euros. Luis Alberto Escolano y César Moreno, que solo han respondido a las preguntas de su defensa, han negado -según fuentes jurídicas- tener relación alguna con la adquisición de material sanitario que investiga el magistrado Ismael Moreno.
Escolano, que según ha puesto de relieve la investigación (ya ratificó el propio Aldama en su declaración judicial) pagó, por indicación del comisionista, el alquiler de la vivienda de Jessica Rodríguez, la pareja de José Luis Ábalos en un edificio de la madrileña Plaza de España no se ha referido en ningún momento a este extremo.
En su declaración como investigado, Escolano -a quien, según Aldama, Jessica Rodríguez amenazó cuando dejó de pagar el alquiler de 2.700 euros mensuales porque el comisionista se había "hartado"- ha mantenido en su breve comparecencia que ninguna de sus sociedades haya facturado a empresas del sector sanitario. Del mismo modo, ha insistido en que no tuvo ninguna participación en las adjudicaciones de Baleares y Canarias a la empresa de la trama.
También ha comparecido como investigado César Moreno, uno de los "cuatro mosqueteros" que compartía grupo de WhatsApp con el propio Aldama, Ignacio Díaz Tapia y Javier Serrano. En la misma línea que Escolano, Moreno ha asegurado en su declaración, según las fuentes consultadas, que no tiene "ninguna relación con los hechos investigados". El empresario, que ha afirmado que conoció a Aldama en diciembre de 2020, ha explicado respecto a una de sus sociedades radicadas en Portugal (que según la UCO habría sido utilizada por el comisionista para vaciar su patrimonio) que "nunca tuvo actividad"
Entre hoy y mañana, el juez Ismael Moreno interrogará como testigos a cuatro supuestos testaferros del comisionista. Tras el interrogatorio de Escolano y César Moreno, el magistrado escuchará en la segunda jornada a los empresarios Ignacio Díaz Tapia y Javier Serrano y a María Piedad Losada, exsecretaria de Aldama.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que Aldama llevó a cabo una "despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional" para lo que habría utilizado un entramado empresarial en el que participaron Escolano, Díaz Tapia, Serrano y Moreno. Todos ellos -algunos de los cuales, según el Instituto Armado, "mantienen vínculos" con Koldo García- habrían actuado como supuestos testaferros con el objetivo, según la Guardia Civil, de "ocultar su patrimonio".
