Las sociedades se hacen pedazos cuando se incumplen las normas dictadas por las instituciones a las que les corresponde hacerlo. Llámese cualquier poder del Estado que resuelve y determina dentro de su competencia.
Por eso resulta increíble que el máximo representante del Poder Legislativo, Eduardo Salhuana, se pronuncie en contra del cumplimiento de la orden de prisión preventiva dictada contra Nicanor Boluarte. “Tiene derecho a preservar su libertad”, ha declarado en una entrevista publicada en El Comercio.
Habría que decirle que está completamente equivocado. No tiene derecho, como no lo tienen los prófugos de la justicia Vladimir Cerrón o Juan Silva. Tampoco el excongresista Michael Urtecho y su esposa, quienes tienen sentencia firme y son ahora no habidos.
La ley está dictada para cumplirse, y para precisar si esta aplicación corresponde a la realidad y se ajusta a los particulares requerimientos en cada caso, está el juez, quien tiene una serie de facultades para determinar con justicia y legalidad.
Esta versión tan controversial del presidente del Congreso podría aplicarse a otros casos que generan debate y controversia. Todo el paquete de normas “procrimen”, por ejemplo, que ha dictado el Congreso y que ahora sus diferentes promotores buscan que se aplique a rajatabla, sin respetar el control difuso del juez, una prerrogativa que los asiste para incorporar su particular discernimiento.
Estos pesos y contrapesos que existen en democracia están hechos para evitar precisamente el descontrol y, finalmente, la anomia. Esa rebeldía contra la norma que surge ante comentarios que debilitan el sistema judicial y ponen en duda las resoluciones que emanan de él.
Los prófugos menos buscados han encontrado un buen vocero en Salhuana, quien está claramente a favor del incumplimiento del mandato judicial, y va en contra de una disposición que no se ha escrito para discutirla, sino para cumplirla. Qué mal.
