Las preguntas se acumulan una tras otra para intentar encontrar una explicación sobre cómo Aldama y sus secuaces pudieron armar una trama de corrupción –y sus subtramas correspondientes– de tanto alcance, con tanta impunidad y con un resultado tan generoso para todos sus componentes. En eso está ahora el juez de la Audiencia Nacional que instruye el «caso Koldo», Ismael Moreno, que desde hoy tomará declaración en calidad de investigados a los «cuatro mosqueteros» encausados –integrantes del grupo de WhatsApp del mismo nombre–. Ignacio Díaz Tapia, Luis Alberto Escolano Marín, César Moreno García y Javier Serrano Costumero, a los que se unirá María Piedad Losada Romo –la exsecretaria de De Aldama–, se enfrentan a delitos de blanqueo, cohecho, integración en organización criminal y pagos de mordidas a otros investigados que desempeñaban funciones públicas, bien de forma directa o por medio de terceros.
La expectación es máxima por lo que puedan decir o callar. Si deciden tirar de la manta, como hizo la semana pasada su «jefe», pueden empezar a caer fichas de dominó una tras otra, y ahí ya no habrá quién sostenga a quien pudo haber amparado de oficialidad las presuntas corruptelas y mordidas. Puede ser solo la punta de lanza de lo que está por venir o toda una lluvia de flechas que empiecen a impactar en el pecho de muchos señalados. Las preguntas se acumulan y las respuestas serán clave en el futuro de la investigación, del PSOE y, por tanto, del propio Gobierno.
La primera pregunta a dilucidar es si el presidente Pedro Sánchez estaba al corriente de los íntimos contactos del «comisionista» con miembros de su Ejecutivo. La segunda, si Ángel Víctor Torres y Francina Armengol –presidentes autonómicos en aquel momento– cerraron por su amistad con Aldama los contratos con Baleares y Canarias para el suministro de mascarillas o de test de detección. Tercera, si son capaces de señalar a Santos Cerdán como receptor de mordidas y pieza esencial en la trama. Y muy esclarecedora puede resultar, la cuarta, si el jefe de Gabinete de la ministra María Jesús Montero y la propia vicepresidenta hicieron gestiones para el supuesto aplazamiento de una reclamación fiscal por parte de la empresa Pilot Real Estate.
Ya puestos, que respondan también a de dónde procedía realmente el dinero con el que se pagó el alquiler del piso de la amante de Ábalos, en qué consistieron las amenazas de éste cuando dejaron de pagarlo dos meses después de que Ábalos abandonara el Gobierno de Pedro Sánchez, y cómo pudieron llegar tan lejos en sus propósitos si no tuvieron ninguna cobertura oficial, como niegan socialistas y miembros del Gobierno. Hoy se desvelará el misterio de si quieren responder la verdad y toda la verdad.
