La delación, práctica de control de la sociedad empleada por regímenes totalitarios como la Unión Soviética o Cuba, ha ganado fuerza en los últimos tres años por la guerra en Ucrania, que ha exacerbado los más bajos instintos de algunos rusos. "La delación es una comunicación anónima y nosotros todo lo hacemos abiertamente", arguyó Yekaterina Mizúlina, jefa de la liga para un internet seguro, quien ha denunciado a decenas de blogueros y artistas rusos.
Según la organización OVD-Info, ya son cientos las personas que han sido investigadas o multadas y más de una veintena las condenadas por acusaciones en ocasiones muy sospechosas.
El motivo de las delaciones va desde el patriotismo más empecinado a la manía personal, trabajos de encargo o a la necesidad de ganar puntos con las autoridades de turno.
Precisamente, Mizúlina, hija de una alta funcionaria cercana al Kremlin, labró su fama de delatora al perseguir furiosamente a aquellos internautas que desprestigian 'la operación militar especial' en Ucrania.
Es su palabra contra la mía, pero la realidad es que la Justicia rusa está aceptando a trámite dichas acusaciones. Es el caso de la pediatra de 68 años Nadezhda Buyánova, que fue condenada recientemente a 5,5 años de cárcel por criticar al Ejército, algo que ella niega y que su abogado consideró una mera calumnia, más aún cuando la conversación fue privada, algo que, en su opinión, no era punible ni en tiempos soviéticos.
Buyánova fue acusada por una paciente moscovita, cuyo marido falleció combatiendo en Ucrania y a la que la médica, en presencia de su hijo de siete años, presuntamente aseguró que los soldados son un objetivo "legítimo" para Ucrania.
"Rusia misma tiene la culpa", aseguró, según la denunciante.
El abogado aseguró que la denunciante odia a los ucranianos, aunque Buyanova nació en el país vecino, pero en el seno de una familia ruso-bielorrusa. Curiosamente, la Justicia consideró improcedente el despido de Buyánova y exigió a la clínica que le permitiera reincorporarse a su puesto de trabajo y le indemnice con casi un millón de rublos (unos 10.000 dólares).
Estudiantes delatando a profesores por criticar la guerra en Ucrania; la directora de un colegio denunciando a una niña de diez años, que fue interrogada por la Policía; un hombre acusado por un amigo por condenar la matanza de Bucha.
El mensaje es que nadie está a salvo de ser acusado por un colega, vecino o desconocido. Ni siquiera los famosos. De hecho, otro delator oficial por excelencia, Vitali Borodin, diputado oficialista y director del proyecto federal de seguridad y lucha contra la corrupción, ha dedicado los últimos años a denunciar a los artistas que son críticos con la campaña militar.
Borodin se ha dirigido a la Fiscalía para que investigue incluso a intocables como Alla Pugachova, la cantante más famosa de la historia de este país, por supuestamente financiar al Ejército ucraniano y mantener contactos con los servicios secretos occidentales.
Entre sus logros figura la catalogación de indeseable en Rusia del portal de investigación Proekt y la persecución por traición de la veterana actriz Lia Ajedzhákova, nacida en Ucrania, quien tuvo que abandonar su teatro por condenar la guerra y defender al fallecido líder opositor, Alexéi Navalni.
Los expertos consideran que el hecho de que la delación sea considerada prueba en un caso penal es una demostración de la transformación de la Justicia en un aparato represor que castiga toda muestra de disenso y de la miseria moral que aqueja a la sociedad rusa en tiempos de guerra.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha criticado en varias ocasiones la delación, que consideró una práctica "repugnante".
"Si hablamos de criticar abiertamente una u otra cosa con el rostro al descubierto, eso es algo bueno, mientras que la delación fue, es y será algo malo", dijo.
El partido Nueva Gente remitió al Gobierno un proyecto de ley con una enmienda al código administrativo que permite castigar a aquellos que delatan de manera repetitiva a sus conciudadanos en su propio beneficio.
El castigo, que incluiría hasta 100 horas de trabajos sociales y restricciones en la administración de redes sociales, intenta perseguir a organizaciones que se dedican a presentar denuncias ante las fuerzas de seguridad simplemente para llamar la atención.
En cambio, Rusia Unida, el partido del Kremlin, replicó que no apoyará dicho proyecto, aunque sus autores consideran que "la delación masiva quita tiempo a las fuerzas de seguridad para perseguir a los auténticos delincuentes".
"Rusia Unida no lo apoyará. He hablado con todos los diputados. Nadie lo apoya", dijo Vorodin, mientras algunos abogados han pedido incluso penas de cárcel y millones de rublos en multas contra los delatores.
