Tras aprobar su plaza de funcionaria, Mercedes tuvo la opción de elegir entre diferentes aseguradoras privadas o la sanidad pública. En su caso, decidió quedarse en el Servicio Gallego de Salud (Sergas). Sin embargo, tuvo que replantearse esta decisión cuando le surgió la necesidad de recibir atención especializada y a largo plazo para resolver un problema en su voz. En enero de 2023, Mercedes optó por una opción privada, la única que le ofrecía un foniatra cerca de su localidad.
“Por diferentes problemas de salud, comienzo a necesitar asistencia de diferentes especialistas. En aquel momento, la sanidad pública estaba muy colapsada y, encima, la opción que me daban era irme todos los viernes de 9:00 a 9:30 de la mañana a A Coruña. Y eso me supondría 200 km de viaje con las consiguientes implicaciones económicas, laborales y personales. El desplazamiento no solo implicaba un gasto importante en combustible o transporte, sino también una pérdida de horas laborales que afectaría directamente mi productividad y estabilidad en el trabajo. Además, el esfuerzo físico y el tiempo invertido en esos trayectos semanales, sumados a la carga emocional de enfrentar un tratamiento prolongado, hacían inviable esta opción a largo plazo”, explica.
Gracias al cambio, pudo acceder a un tratamiento semanal con una especialista cerca de su hogar y evitando largas listas de espera. “Este cambio ha supuesto una mejora enorme en mi calidad de vida. Puedo acudir a sesiones semanales e incluso pactar los horarios, lo que me permite compatibilizar el tratamiento con mi trabajo y, sobre todo, avanzar de manera eficaz en mi recuperación”, señala Mercedes.
Sin embargo, la posibilidad de que el modelo Muface desaparezca le ha generado una profunda incertidumbre. Según Mercedes, tendría que regresar al sistema público, enfrentando largas listas de espera y retomando su tratamiento desde cero con un nuevo equipo médico. “Si ahora me obligan a pasarme a la pública, no solo tendría que renunciar a seguir recibiendo sesiones semanales, a continuar la terapia con mi especialista y a compatibilizar con los horarios laborales. Lo que más me horroriza es tener que empezar de cero porque, a mí, quien me deriva a la foniatra es un otorrino. Entonces, supondría volver a pedir cita en el otorrino, esperar los cuatro o cinco meses de demora que hay para que viera y que después él considerara oportuno derivarme al foniatra”, calcula. Esta situación no solo afectaría a su salud, sino también a su estabilidad laboral.
Además, señala un problema estructural: “Si el 67% de los funcionarios que ahora estamos en la privada pasamos a la pública, el sistema colapsará. No creo que vayan a aumentar médicos, enfermeras ni prestaciones, y eso perjudicará tanto a los funcionarios como a quienes ya dependen del sistema público”.
Mercedes asegura que podría afrontar el coste de un seguro privado, pero critica duramente la medida, que considera una forma indirecta de empujar a los ciudadanos hacia la sanidad privada. “Pagamos una sanidad muy cara a través de nuestros impuestos. Yo abono casi 800 euros al mes, pero no veo que ese dinero se traduzca en una atención adecuada. La eliminación de Muface solo creará más desigualdades”, denuncia.
A las autoridades, particularmente a Mónica García, Mercedes le lanza un mensaje claro: “Tenemos derecho a una sanidad digna, pública o privada, pero con una atención seria y eficiente. La solución no es eliminar un modelo que funciona para muchos, sino mejorar la gestión de ambos sistemas”.