“Los policías me acorralaron, me empujaron y me dieron patadas”, recuerda Donata Carbajal, madre, abuela, mujer de campo que viajó desde su natal Jualica a Lima para unirse a las miles de voces que, con banderas y pancartas en mano, marcharon en las calles para exigir justicia para sus paisanos muertos, y poner freno a la ola de criminalidad que desangra el país. Pero lo que fue una manifestación pacífica se convirtió en una pesadilla para ella. La policía la detuvo por 36 horas y allí empezó lo que ella considera “mi verdadero calvario”.
Durante ese tiempo, Donata, de 65 años, fue sometida a maltratos y humillaciones, motivadas por su origen y la razón de su lucha.
Carbajal fue detenida por ocho policías en el cruce de las avenidas Canadá y Aviación y trasladada a la Depincri de San Borja, bajo la acusación de violencia contra la autoridad, relacionada con un supuesto ataque a dos efectivos policiales. No obstante, cuando los agentes pasaron por el examen médico legista, no se encontraron lesiones.
Una vez en la dependencia policial, fue obligada a desnudarse frente a un policía varón para asegurarse de que no llevaba objetos peligrosos, sin la opción de estar acompañada por una persona de su confianza o por una policía femenina, según el abogado de Donata, Wilfredo Robles, quien señaló que al reclamar por ese hecho, los agentes lo negaron.
“Estuve esposada. Los dos policías que dijeron que los agredí se burlaban de mí. Me trataron como delincuente. Estuve detenida muchas horas y cuando quise orinar, no me dejaron. Suplicaba que me dejen ir al baño, y me ignoraron”, señala con la voz quebrada.
No solo pasó por eso, sino también la trasladaron a una celda llena de excremento y orina, y el olor, según Donata, era insoportable. Ahí pasó toda la noche. Incluso, según relata, los policías le decían: “Vuelve a tu tierra a atender a tu marido y a tus hijos”.
“Me decían ¿a qué has venido?’. Yo les respondí ‘vengo a luchar’. ‘¿Para qué luchas? Anda a tu tierra a atender a tu marido y a tus hijos’, me decían. ‘¿Quién te ha traído? ¿Quién te ha pagado?’, me preguntaban. A mí nadie me paga. Yo veo las noticias, veo la realidad, y por eso viajé a Lima a luchar con mi propio dinero, para exigir medidas efectivas contra la delincuencia”, asegura.
Hay muchos testimonios de mujeres que, como Donata, enfrentaron violencia por su identidad, su origen, sus ideas, su lucha o su lengua. Una de ellas es Irma Cayo Sánchez, viuda de Manuel Quilla Ticona, quien falleció en la masacre del 2022, en el inicio de la gestión de Dina Boluarte. Otra es Milagros Samillán. Ambas han sufrido amenazas y abusos de parte de la Policía Nacional mientras reclamaban justicia para sus seres queridos.
Irma Cayo y Milagros Samillán viajaron a Lima desde Puno con las fotografías de sus familiares fallecidos. Llegaron para exigir justicia en las protestas del 14 de noviembre. Sin embargo, la respuesta del Estado fue atropello y amenazas. Según relataron, las acorralaron durante más de 40 minutos mientras descansaban y les quitaron todas sus pertenencias.
“Nos han discriminado por nuestra forma de vestir. Nos decían ‘cholas, vagas, vuelvan a su tierra’. Solo estábamos exigiendo justicia por tantas muertes durante las protestas causadas por la asesina de Dina Boluarte. Y hasta ahora, ningún policía ha sido detenido ni sancionado. ¡Qué injusticia!”, llora Milagros Samillán.
La historia de represión violenta por parte de la PNP continuó en esos días en las calles de San Borja, mientras que en el resto de Lima la delincuencia actuaba a su antojo. Varias mujeres aimaras enfrentaron abusos durante la movilización y fueron objeto de desprecio por su identidad. Es el caso de Flora Elena Ticona Choque, secretaria de la Mujer de la Confederación Nacional Agraria y originaria de Puno.
Ticona, con mucho dolor, recuerda que durante la protesta fue pisoteada y atropellada por efectivos policiales. Relata que ella y otras mujeres fueron acorraladas y atacadas con bombas lacrimógenas.
“Viajamos a Lima porque pensamos que íbamos a ser escuchadas, pero fue todo lo contrario. Por nuestra cultura, vestimenta e idioma se burlaban de nosotras. La policía, en vez de cuidarnos, nos golpeaba con sus bastones, nos disparaba perdigones y nos marginaba. La presidenta no tiene sentimientos; a pesar de ser provinciana como nosotras. No nos representa”, expresa con la voz quebrada.
Este doloroso testimonio refleja una realidad compartida por muchas otras mujeres, como Paulina Estofanero Vargas, quien también vivió situaciones de abuso y desprecio durante las protestas.
Paulina dice que un policía le rompió los dientes con su bastón y que, debido a las bombas lacrimógenas, se desmayó. Pero la agresión no terminó ahí. Recuerda que la PNP le arrebató su manta y sombrero, símbolos de su identidad, y los quemó en plena calle mientras les gritaban “terroristas” y “narcotraficantes”.
“La policía, apenas nos veía con polleras, nos detenía a la fuerza, y si decíamos que éramos de Puno, era peor. Nos decían que moriríamos allí si no nos largábamos. Recordar todo esto me lastima mucho. He quedado con secuelas por las agresiones físicas y psicológicas. No tuvieron compasión por nosotras”.
Esta forma de violencia, según señala Nadia Irene Soldevilla Pacheco, antropóloga del Programa de Sexualidad y Autonomía Física de Manuela Ramos y especialista en Interculturalidad, demuestra que el Estado ha dado la espalda a la diversidad geográfica y cultural, e ignora la violencia que enfrentan las mujeres, especialmente las indígenas.
Explica que el problema de desigualdad de género y discriminación es muy grave en nuestra sociedad. Y como ejemplo menciona las declaraciones del exministro de Educación Óscar Becerra, quien comparó a las mujeres aimaras que protestaban y llevaban a sus hijos en sus espaldas con animales.
“En lugar de reconocerlas como mujeres fuertes que enseñan a sus hijos a ejercer la lucha, se les percibe como madres descuidadas. Esto refleja un prejuicio y un estereotipo profundamente arraigados en nuestro país. La violencia debemos cuestionarla y no normalizarla”, afirma.
Por este motivo, y ante el aumento de violencia de género en el país, diferentes colectivos se movilizan para exigir protección y justicia.
Enfoque: Mar Pérez, Abogada CNDDHH
Cristina sufrió un aborto el día de su detención mientras encabezaba los reclamos de su comunidad por un trato justo con una empresa minera. Solo tras un largo juicio logró recuperar su libertad. Como ella, muchas mujeres pagan un alto precio por defender sus derechos.
Un ejemplo es el caso de una profesora a la que le impusieron 30 meses de prisión preventiva por dejar a sus hijos para participar en las marchas. Además, muchas enfrentan violencia sexual, como tocamientos indebidos o desnudamientos forzados durante las intervenciones policiales.
Esta violencia de género, perpetrada en el espacio público por empresas y funcionarios públicos, permanece invisibilizada a pesar de contravenir la Ley n° 30364, que protege a las mujeres contra la violencia. Sin embargo, estas mujeres exigen justicia y nada las hará retroceder.
