Los jueces Mercedes Caballero García (presidenta), Nayko Coronado Salazar (directora de debates) y Max Vengoa Valdiglesias, del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, han empezado a trabajar en el veredicto que deberán emitir, lo más probable, en enero de 2025, en el juicio al expresidente Ollanta Humala y sus principales colaboradores en los procesos electorales del 2006 y 2011.
Un veredicto que pondrá fin al juicio público, pero no al caso. Cualquiera que sea el resultado: condena o absolución, las partes pueden apelar ante una Sala Penal Nacional de Apelaciones y, en casación, hasta la Corte Suprema, lo que supone otros dos años de proceso. En el mejor de los resultados.
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¿Cuál será la decisión? Es difícil prever el resultado en un caso tan complejo como el presente. Los jueces no solo deben decidir sobre la responsabilidad o no culpabilidad de un grupo de personas, sino definir temas accesorios que son trascendentes para llegar al veredicto. En este y para otros casos.
Por esos asuntos es que el juicio está por cumplir tres años de audiencias continuadas. El juicio público comenzó el 22 de febrero de 2022, por lo que la fecha ha cumplido dos años y nueve meses, en audiencias dos veces por semana. Actualmente, los martes y miércoles, de 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.
Si alguien cree que los jueces le están dedicando poco tiempo, debe tener en cuenta que el tribunal ve en paralelo otros casos. Por dar un ejemplo, también están a cargo del juicio del caso Cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, en audiencias continuadas dos veces por semana.
Los jueces habían planificado terminar en diciembre de 2024. Hay audiencias programadas hasta el miércoles, 18 de diciembre. Pero, ya parece imposible, aunque de acuerdo con fuentes judiciales, no dejarán de intentarlo.
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En la audiencia del miércoles 20 de noviembre, la doctora Nayko Coronado anunció que el martes próximo se leerán la declaración que realizó Nadine Heredia previa al juicio, pues ella se abstuvo de declarar públicamente.
También se leerá una declaración de su hija. Con esas lecturas habría terminado la revisión de la prueba admitida por el juez Richard Concepción Carhuancho durante el control de acusación. A continuación se abrirá la posibilidad de presentar prueba excepcional.
Nayko Coronado también anunció que el Juzgado decidió desvincularse de la acusación que presentó la fiscalía contra Antonia Alarcón Cubas y Carlos Arenas Gómez Sánchez. La fiscalía los acusó del delito de lavado de activos con agravante de organización criminal.
A partir de los hechos descritos y la prueba evaluada, el juzgado definió que la acusación contra ambos será únicamente por lavado de activos básico, sin agravantes.
El martes 27 de noviembre, la fiscalía y la procuraduría deberán pronunciarse sobre la desvinculación, si la aceptan o la rebate. Lo mismo le corresponde a la defensa de Alarcón y Arenas.
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En tanto, el fiscal Germán Juárez ha anunciado que presentará entre cinco a seis nuevas pruebas excepcionales. Igual número de pruebas estarían presentado los abogados Wilfredo Pedraza, Julio César Espinoza y otros. El tribunal decidirá si las admite y si las debate en el juicio público.
Una de las pruebas de último momento que presentaría la fiscalía sería la sentencia de colaboración eficaz y la declaración como colaborador eficaz de Martín Belaunde Lossio, que se anunció durante su declaración como acusado. La fiscalía retirará la acusación contra Belaunde.
Martín Belaunde es el único que declara haber sido testigo de la entrega de dinero a Ollanta Humala y Nadine Heredia para la campaña del 2006 de parte del fallecido ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de Virly Torres, y de Odebrecht, vía Jorge Barata. En ambas oportunidades de dinero en efectivo.
Pero, la credibilidad de Belaunde es muy débil. Jorge Barata solo habló de aportes contra su voluntad en la campaña electoral del 2011. Virly Torres nunca fue encontrada para que declare en el juicio. Los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuzcynski negaron tener certeza de la historia de la llegada de dinero desde Venezuela en valija diplomática.
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Antes del juicio, Jorge Barata declaró que entregó dinero en efectivo, en forma directa, sin testigos, ni intermediarios, en diciembre del 2010. Luego, las otras supuestas entregas se habrían hecho vía el publicista Valdemir Garret, nunca con Martín Belaunde.
Marcelo Odebrecht declaró que aprobó aportes a la campaña del Partido Nacionalista en mayo del 2011.
Luis Antonio Mameri, Fernando Miglaccio y Hilberto Alves Da Silva, también antes del juicio, declararon que nunca se realizaban aportes en efectivo, solo a través de cuentas de empresas off shore. Ninguno conoce a Belaunde desde el 2006.
Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Mameri, Miglaccio y Alvez no pudieron declarar en el juicio. Solo se leyeron sus declaraciones previas, dadas en Brasil, ante los fiscales peruanos.
Si bien el punto central de una sentencia es la culpabilidad o inocencia de un procesado, en este caso Ollanta Humala, Nadine Heredia, Ilán Heredia, Antonia Alarcón, Carlos Arenas, Rocío Calderón, Mario Torres, Maribel Vela, Santiago Gastañadui y Eladio Mego, antes el tribunal deberá resolver algunos temas cruciales.
Uno de los primeros temas que deben definir los jueces es si puede utilizar como prueba válida las declaraciones de los directivos de Odebrecht, cuestionadas por la justicia brasileña. El juez bresileñó José Antonio Dias Toffoli declaró poco fiables, ilegales y prohibió el uso fuera de Brasil de las pruebas obtenidas y compartidas por el Grupo de Tarea de Lava Jato.
Otro tema crucial es que en Brasil nunca se investigó ni definió el origen de los fondos del Sector de Operaciones Estructuradas, la Caja 1, solo su uso ilícito. Para la fiscalía peruana el origen de dichos fondos es ilícito, pero en los procesos brasileños los funcionarios responsables hablan de ingreso de fondos lícitos.
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Junto a esto se deberá definir si el ingreso de aportes de origen desconocido o de origen ilícito a las campañas electorales es lavado de activos.
Un tema que no estaba penalizado el 2006 y 2011 y sobre lo que hasta hoy no hay una definición judicial clara y precisa. En la casación dictada por la Corte Suprema en este caso, se definió que este tema se debía definir en el juicio, en cada caso.
Otro tema es el de la legalidad de las agendas de Nadine Heredia. En la acusación, la fiscalía no utilizó las cifras de la agenda, pues también hay una demanda pendiente ante el Tribunal Constitucional. A partir de que definir estos temas y otros, se acercará a la decisión central del caso.
La fiscalía acusa al expresidente Ollanta Humala de recibir financiamiento ilícito proveniente del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela en la campaña electoral de 2006 y de la constructora Odebrecht, en la campaña del 2011.
El ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia debieron cumplir nueve meses de prisión preventiva, a solicitud de la fiscalía, entre julio de 2017 hasta abril de 2018.
Hoy todos los procesados en este juicio se encuentran en libertad. Por el tiempo que lleva el proceso las medidas cautelares de comparecencia restringida, como impedimento de salida del país, vencieron, al cumplir los plazos máximos.
La última fase del juicio será los alegatos de clausura del fiscal Germán Juárez, de la procuraduría y de la defensa. La jueza Nayko Coronado les ha pedido a todos que se vayan preparando y que traten de ser concisos y concretos sobre lo que se ha probado y lo que no se ha probado en el juicio, para no estar escuchando horas de horas.
Coronado enfatizó que el tribunal necesita información de calidad que ayude a los jueces a tomar la decisión en base a la prueba de cargo y descargo, compuesta por 280 testigos, peritos, documentos y audios.
El fiscal tendrá más tiempo que todos, pues deberá hablar respecto a todas las personas acusadas, además de Todo Graph y el Partido Nacionalista Peruano.
Luego a cada abogado le darán el tiempo necesario para tratar lo concerniente a su cliente. Cada uno de los acusados también tendrá la oportunidad de dirigirse a los jueces.
