La declaración Aldama es una expresión más de esa política esperpéntica que el PP puso en marcha desde que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno. En Europa el PP ha hecho el ridículo. Pero, mientras el asunto del que se trate se mantenga dentro de las fronteras del Estado español, no se puede descartar nada
Estoy completamente de acuerdo en todos sus extremos con el análisis de la Carta del director sobre la declaración Aldama que se ha publicado este sábado. No trato, por tanto, de incidir en los puntos en los que él se ha centrado. Incluso había pensado no escribir sobre el tema, porque pensaba que ya estaba dicho todo lo que había que decir. Pensaba, en consecuencia, dedicar mi artículo al tema de la vivienda, que se ha convertido en el asunto más candente de la agenda política, económica y social. Y de mucha más enjundia que la declaración Aldama.
Pero, después de darle muchas vueltas, he decidido hacer una reflexión complementaria a la de Nacho Escolar. Sustantivamente no añado nada, pero sí me ha parecido oportuno hacer una reflexión de carácter procesal.
Tras haber oído la declaración construida entre él y su abogado, la impresión que tengo es que se trata de suministrar munición para que las diferentes “Manos Limpias” que operan en nuestro país, puedan activar querellas contra todas las personas mencionadas en la declaración.
Después de que fuera admitida a trámite la querella de Manos Limpias contra Begoña Gómez construida con base en varios recortes de periódicos, sin que se hiciera el más mínimo esfuerzo por verificar la autenticidad de la información que en dichos recortes se transmitía y después de que la Sala de Apelaciones de la Audiencia Provincial de Madrid haya dado su aval a la misma, me temo que vamos a asistir en los próximos días a la presentación de diversas querellas o a la ampliación de la querella contra la esposa del presidente del Gobierno.
Sugeriría que todos los mencionados en la declaración de Aldama, acudieran de manera inmediata a la autoridad judicial competente para denunciar la absoluta mendacidad de las referencias que hace Aldama en su declaración y que, como consecuencia de ello, exigieran la responsabilidad penal pertinente.
El tiempo suele ser un factor de mucha importancia en el mundo del derecho en general, pero lo es todavía más en una legislatura como esta, en la que la cacería judicial en diversas direcciones se está convirtiendo en su nota distintiva más sobresaliente.
A lo que estamos asistiendo es a una prolongación de la estrategia de deslegitimación del Gobierno que se constituyó con base en los resultados del 23 de julio de 2023. Si dicha estrategia se puso en marcha inmediatamente después de que Pedro Sánchez consiguiera ser presidente del Gobierno con la aprobación de la moción de censura en julio de 2018 y se prolongó después tras las dos elecciones generales de 2019, en 2024 la intensidad de la misma ha aumentado de manera exponencial.
Tanto que ha llegado en estas últimas semanas a alcanzar tintes esperpénticos con el intento de responsabilizar a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, de la riada de Valencia, con la finalidad de impedir su designación como vicepresidenta de la Comisión Europea.
La declaración Aldama es una expresión más de esa política esperpéntica que el PP puso en marcha desde que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno. En Europa el PP ha hecho el ridículo. Pero, mientras el asunto del que se trate se mantenga dentro de las fronteras del Estado español, no se puede descartar nada.
De ahí la urgencia de que la declaración Aldama sea residenciada ante el poder judicial de manera inmediata.
