El tribunal rechaza los recursos de dos procesadas por prostituir a cuatro víctimas de origen colombiano en varias ciudades de todo el país bajo amenazas de asesinar a su familia si no accedían a pagar falsas deudas de miles de euros
Más de una decena de detenidos por delitos de agresión sexual y corrupción de menores tras la denuncia de una madre
El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de hasta 27 años y medio de cárcel que los tribunales de Castilla-La Mancha impusieron a dos proxenetas por explotar sexualmente a cuatro mujeres colombianas, sobre todo, en varios pisos de Talavera de la Reina. Los jueces han rechazado los últimos recursos de las dos mujeres procesadas por captar a las víctimas en su país, donde ya ejercían la prostitución, para después someterlas a lo que los tribunales han definido como una “explotación sexual salvaje”.
Los agentes de Policía llegaron hasta esta trama de proxenetas mientras investigaban a otro grupo similar e interrogaban a una víctima de trata en Valladolid. Descubrieron entonces que dos mujeres radicadas en Talavera llevaban varios años captando a mujeres que ya ejercían la prostitución en su Colombia natal, consiguiendo que volaran hasta España y una vez en la ciudad comunicarles que tenían una deuda que, en algunos casos, alcanzó los 13.000 euros.
Una deuda que, como es habitual en las redes de trata, las víctimas tenían que pagar a través de la prostitución, pero no en las condiciones en que les habían dicho que se iba a desarrollar. Tenían que estar todo el día disponibles, no elegían a sus clientes y tenían que plegarse a cualquier tipo de exigencia de sus captoras. Mientras tanto, una parte importante de sus ganancias tenían que ir a la organización.
“Acepté por la necesidad, pero era una verdadera explotación” dijo una de las víctimas durante el juicio en la Audiencia de Toledo, tribunal que llegó a calificar lo sucedido como una “explotación sexual salvaje”. Todas eran amenazadas para que siguieran entregando el dinero, una de ellas incluso después de haber escapado de las garras del grupo: “Van a matar a tus hijos”, llegaron a decir las acusadas a una de las mujeres. Las víctimas, añadieron los jueces, “no tenían ni la más mínima idea” del sometimiento que iban a padecer tanto en Talavera como en otras ciudades a las que fueron trasladadas eventualmente.
El Tribunal Supremo acaba de sentenciar en firme el caso al confirmar las condenas que impuso en segunda instancia el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha: 27 años y medio de prisión para una de las mujeres y 22 años para la otra, además de diversas multas y la obligación de indemnizar a las cuatro víctimas con 6.000 euros a cada una. En un primer momento, la Audiencia de Toledo impuso condenas más altas, pero el TSJ sustituyó algunas penas de cárcel “abusivas” por multas económicas.
La Sala de lo Penal ha rechazado los recursos de las dos mujeres condenadas, que durante todo el proceso judicial intentaron basar su defensa en que las víctimas ya se prostituían en Colombia y que sabían que en España iban a hacer lo mismo y que la denuncia se había ejecutado para conseguir los papeles. “Cada una es grandecita y sabe lo que hace”, dijo una de las proxenetas en el juicio.
El Supremo explica que “carece de relevancia” que ya hubieran sido prostituidas en el pasado y en otro país. “Lo relevante es que el objetivo de quienes las trajeron fue lucrarse con su explotación, colocándolas en una situación de vulnerabilidad, perdiendo autonomía y hasta la capacidad de decisión sobre sus propios cuerpos”, dice el alto tribunal.
Que supieran que también iban a ser prostituidas en España tampoco hace menos delictivo lo que hicieron con ellas. “Vinieron a España sabiendo que iban a ejercer la prostitución y que asumían una deuda, pero fueron engañadas respecto a la forma de explotación en que se iba a desarrollar la actividad, quedando sumidas en una creciente situación de vulnerabilidad”.
Las dos condenadas integraban una organización con ramificaciones en Colombia aunque otros posibles implicados no han sido juzgados. Su sentencia les atribuye delitos de inmigración ilegal por introducir a las mujeres en España de forma ilegal y haciéndose pasar por turistas, además de ilícitos relacionados con la trata de seres humanos, tanto en su vertiente de explotación sexual como de explotación laboral.
