Durante las diversas actividades oficiales que sostuvo, la presidenta Dina Boluarte evitó pronunciarse sobre el pedido de 36 meses de prisión preventiva que dictó el Poder Judicial contra su hermano Nicanor Boluarte, quien se encuentra actualmente prófugo de la justicia. No obstante, luego de la decisión de juez Richard Concepción Carhuancho, diversos miembros del gabinete se pronunciaron sobre el tema cuestionando el tiempo de lectura de la resolución y hasta señalaron la 'politización' de la justicia.
Casi 24 horas después de la decisión del Poder Judicial sobre Nicanor Boluarte, el primero en pronunciarse al respecto fue Gustavo Adrianzén. Durante la conferencia de prensa de la PCM, denunció lo que calificó como una "judicialización de la política", argumentando que existe una narrativa basada en la presunción de una organización criminal que, según él, intenta justificar un escenario de incapacidad moral contra la presidenta, abriendo camino a una eventual vacancia presidencial.
Además, Adrianzén minimizó la situación legal del hermano mayor de la jefa de Estado y afirmó que sus abogados podrían presentar los recursos de apelación que consideren necesarios para revisar la medida impuesta. A pesar de que Nicanor Boluarte se encuentra en la clandestinidad y su defensa manifestó que van a esperar a que la apelación sea analizada por la Corte Superior y con base en ello, tomarían la decisión de 'someterse o no a la decisión del Poder Judicial'.
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El ministro de Salud, César Vásquez, tildó de 'show mediático' la decisión del Poder Judicial y aseguró que en política 'no hay casualidades'. "Me parece demasiada coincidencia que ni bien termine el APEC, empiece el show mediático con este tema legal que busca desestabilizar al Gobierno. (…) El juez tiene pasión por las cámaras y pierde objetividad", agregó.
Por su parte, el ministro de Vivienda, Durich Whittembury también cuestionó ante las cámaras de Canal N que se haya iniciado la lectura apenas terminaba el APEC. "En política no existen coincidencias, el mismo día (que finalizaba la cumbre internacional de líderes) se inicia lectura de una sentencia de prisión preventiva. (…) Lo que nosotros como Ejecutivo, siendo respetuosos con los poderes del Estado, exigimos una justicia que no sea politizada", expresó.
Mientras que Desilú León, ministra de Comercio Exterior y Turismo, fue más directa sobre la decisión de prisión preventiva que dictó el juez Concepción Carhuancho sobre Nicanor Boluarte. "Es preocupante que un ciudadano que puede seguir su proceso de investigación en libertad, es condenado con una resolución a pasar a prisión preventiva solamente por ser hermano de la presidenta", manifestó para ATV.
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El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, también comentó sobre el tema. En entrevista para RPP, criticó el uso recurrente de la prisión preventiva en el país: "Acá no se está juzgando el fondo, acá se está diciendo que una persona tiene que estar detenida tres años para ver si cometió un delito. Eso se está haciendo en el Perú algo normal, eso es excepcional", señaló.
Finalmente, el titular del Ministerio de Producción, Sergio González, también cuestionó la decisión del Poder Judicial. "Exigimos que estas acciones no tengan matices políticos. Hay una intención de desestabilizar el gobierno de la presidenta Dina Boluarte", dijo para Canal N al ser consultado por Nicanor Boluarte.
