Varios miles de personas se manifestaron el sábado en Barcelona ante la convocatoria de asociaciones y colectivos de inquilinos para denunciar el difícil acceso a la vivienda y exigir una bajada generalizada de los alquileres en la segunda ciudad de España.
Los manifestantes, apoyados por varios partidos de izquierda y por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, se reunieron por la tarde en el centro de Barcelona detrás de una enorme pancarta que reclamaba "una vivienda digna para todos".
"Hoy es un punto de inflexión y comienza un nuevo ciclo político en lo referente a la vivienda", declaró a la prensa Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña (Sindicat de Llogateres), la principal organización convocante de la protesta.
"No puede ser que los inversores lleguen a nuestras ciudades y jueguen con los pisos como en el Monopoly", agregó. "Hemos venido hoy a decir que se acabó", sobre todo a los "arrendadores" que "nos roban la mitad del sueldo".
Los manifestantes reclaman una bajada del 50% de los alquileres, la introducción de contratos de alquiler indefinidos y la prohibición de la venta especulativa de viviendas. De lo contrario, amenazan con una "huelga de alquileres".
Esta manifestación se hace eco de la celebrada el 13 de octubre en Madrid, que reunió al menos a 22.000 personas con exigencias similares, en un contexto de gran tensión en todas las grandes ciudades españolas por la subida de los alquileres.
Según el portal inmobiliario Idealista, el precio del metro cuadrado de alquiler en España aumentó un 82% en los últimos diez años, un ritmo cinco veces mayor al del salario medio, que subió un 17%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta situación llevó al ejecutivo a aprobar a principios de 2023 una ley sobre vivienda, que preveía un alza de las construcciones de viviendas sociales, la limitación de los alquileres en zonas tensionadas y recargos para los propietarios que mantuvieran viviendas desocupadas.
Pero la nueva legislación no ha logrado limitar por ahora el alza de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades.
El gobierno mantiene un pulso con varias regiones -que son las encargadas principalmente de su implementación- para que la apliquen, 18 meses después de su aprobación.
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