Los jefes de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José aseguraron que el alcalde, Diego Miranda Méndez, les pidió retractarse de un criterio en el que advirtieron de problemas en la contratación que él promovió para alquilar una nueva plataforma de cobro para parquímetros en la capital.
Mariano Rodríguez Solís y Marvin Torres Labardini, director y subdirector de Asuntos Jurídicos, expresaron en una entrevista con La Nación, que Miranda solicitó anular un oficio emitido por ellos y la abogada Xinia Marín Barrantes, en el que señalaron la inconveniencia de seguir adelante con una licitación menor por ¢200 millones, iniciada el 13 de junio de 2024, para conseguir un sistema temporal que permitiera cobrar por estacionar en las zonas autorizadas de la capital.
El pronunciamiento fue firmado por los tres abogados municipales el 16 de julio y remitido a la 1:58 p. m. del mismo día al despacho de Miranda, según consta en el sello de recibido. Además, Torres afirmó que él le entregó el documento al alcalde “en sus propias manos”, en una reunión realizada el 18 de julio. Miranda se estrenó en el cargo el 1.° de mayo.
El caso de los parquímetros tomó relevancia el 23 de julio cuando la Municipalidad anunció la suspensión del cobro por estacionar en 3.000 espacios –con los que recaudaba ¢140 millones por mes– debido al vencimiento del contrato con la empresa española Setex-Aparki.
Miranda promovía un nuevo modelo que, según él, generaría ahorros al ayuntamiento de ¢700 millones anuales. Incluso, un mes antes de que venciera el contrato con la firma española, en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) se informó del proceso de licitación por un presupuesto total de ¢200 millones para el “alquiler de plataforma tecnológica para parquímetros”. Sin embargo, luego de una controversia, el 3 de setiembre el ayuntamiento debió adjudicar un nuevo contrato a los españoles. Pese a ello, aún no se reactivan los cobros lo cual produce un perjuicio al gobierno local.
El oficio de los tres abogados en el cual señalaron la inconveniencia de seguir con el proceso de licitación, del cual La Nación tiene copia, señaló la conexión entre la licitación menor que Miranda promovía y una licitación mayor iniciada desde 2023 para conseguir un proveedor del sistema de parquímetros por 10 años y que, para julio de 2024, estaba pendiente de una apelación presentada por el Consorcio Setex-Alpha-San José ante la Contraloría General de la República (CGR).
Por lo tanto, según los abogados municipales, a la contratación impulsada por Miranda le aplicaban las suspensiones establecidas en el artículo 98 de la Ley General de Contratación Pública. De esa forma, explicó el subdirector de Asuntos Jurídicos, antes de impulsar una nueva contratación debía esperarse a que la CGR resolviera la objeción pendiente en el otro proceso.
Dicha recomendación, sin embargo, no fue recibida de buena manera por el alcalde. “En esa reunión (del 18 de julio), a Mariano (director de Asuntos Jurídicos) y a mi persona, el alcalde nos pidió que nos retractáramos (...) Respondimos que manteníamos nuestra posición”, enfatizó el funcionario.
Pese al señalamiento de Asuntos Jurídicos, Miranda anunció el 23 de julio que quedaba sin efecto el cobro de parquímetros en San José por cinco semanas, mientras se formalizaba un nuevo contrato para contar con un sistema tecnológico que permitiera los pagos de los conductores por estacionar.
Desde el 13 de noviembre, este diario solicitó una entrevista con el alcalde de San José para consultarle sobre este tema. Sin embargo, no hubo una respuesta efectiva.
Este jueves 21 de noviembre, luego de un acto público realizado en el parque Morazán, se le consultó a Miranda si le pidió a los abogados municipales anular el oficio en el que advirtieron de problemas en el nuevo proceso de contratación que impulsó. “No conozco el documento, si gusta me lo envía”, respondió mientras era escoltado por oficiales de la Policía Municipal que impidieron hacerle más preguntas.
No obstante, Miranda sí recibió el documento ya que ingresó a su oficina desde el 16 de julio y tiene sello de recibido.
Sobre la apelación presentada por el Consorcio Setex-Alpha-San José, la Contraloría le dio la razón a la empresa el 30 de julio y anuló la exclusión decretada por el ayuntamiento meses atrás. De acuerdo con la Contraloría, la Municipalidad no logró acreditar los incumplimientos que le atribuía a la firma.
Finalmente, el 3 de setiembre, el Concejo Municipal decidió adjudicar la licitación al Consorcio en medio de los intentos de la Alcaldía para que se declarara desierto el proceso de contratación.
El 23 de julio, día en que el alcalde anunció el “periodo de gracia” de cinco semanas sin cobro de parquímetros y multas, estuvo acompañado por Marcelo Solano Ortiz, director de la Policía Municipal. Según el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), Solano sería el administrador del contrato de la licitación menor que el alcalde impulsaba para conseguir un proveedor temporal.
Las licitaciones menores son procedimientos de compra abreviados que no deben superar los ¢238 millones. Tienen tiempos más cortos para la presentación y evaluación de ofertas, y las eventuales apelaciones no deben pasar por la Contraloría General de la República.
Cuatro meses después del anuncio, Solano confirmó que la licitación menor está suspendida porque la Contraloría le dio la razón al Consorcio Setex-Alpha-San José y a que el Concejo Municipal decidió adjudicarle de nuevo el contrato.
Solano dijo que no conocía el pronunciamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos antes de la conferencia de prensa en la que se anunció la suspensión del cobro y el avance de la licitación menor. Aseguró que conoció la recomendación legal hasta después del 23 de julio.
Alegó que después de esa fecha, la Dirección emitió un nuevo informe con respecto a la continuidad de la licitación menor en paralelo al proceso de apelación que desarrollaba la Contraloría. “No voy a decir que cambian de criterio, pero reinterpretan y dicen que sí se puede en determinadas condiciones”, dijo Solano, quien es abogado.
Sobre ese punto, Marvin Torres Labardini, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José, declaró que no es cierto que hicieran una “reinterpretación”, sino que se limitaron a evaluar, desde el punto de vista legal, las ofertas presentadas. “Cuando la Administración decide continuar con el concurso pese a nuestra recomendación, nos pidieron evaluar las ofertas y a eso nos limitamos”, concluyó.
San José dispone de 3.000 espacios para parqueos y la tarifa era de ¢960 por hora; la multa por parquear sin autorización llegaba a ¢9.600.
Aunque el Concejo Municipal adjudicó la contratación para contar con un sistema que permita el cobro de parquímetros desde el 3 de setiembre, San José sigue con ese servicio suspendido.
El ayuntamiento confirmó que debido a la suspensión dejaron de percibir ¢870 millones por concepto de horas de estacionamiento y multas, según la respuesta que dio a este diario el 3 de noviembre. De esa cifra, añadió la entidad, ¢200 millones se hubieran ido a Setex-Aparki por comisiones, pues esa firma recibe un porcentaje de lo que paga cada conductor por parquearse.
“Nunca hubo una suspensión, el cobro no se podía realizar porque se venció la licitación anterior y se está a la espera de que entre un nuevo contrato en operación”, afirmó Miranda a través de la oficina de prensa de la Municipalidad.
Aunque la legislación vigente facultaba al alcalde a solicitar a la CGR una autorización para prorrogar el contrato de parquímetros y así no dejar a la capital sin esa fuente de financiamiento, el 23 de julio anunció un “periodo de gracia” de cinco semanas mientras se formalizaba un nuevo contrato, pero hasta ahora, han pasado 17 semanas.
En la actualidad, el jerarca municipal enfrenta una investigación penal por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública por la suspensión del cobro de parquímetros. La causa judicial fue confirmada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el caso se tramita bajo el número de expediente 24-000333-1218-PE desde el 11 de setiembre por una denuncia de la Auditoría Interna.
“En ningún momento la falta de cobro se da por la ordenanza de la Alcaldía o de algún otro funcionario de la administración, sino por la imposibilidad material de cobrar hasta que entre en ejecución el nuevo sistema informático para realizar los cobros de parquímetros”, reiteró Miranda.
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Aún se desconoce la fecha exacta en la que se reactivará el cobro de parquímetros en San José.
En agosto de 2021, la Contraloría General de la República sancionó al exalcalde de San José, Johnny Araya, porque determinó que fue uno de los responsables de girar una indemnización sin “fundamento técnico” de ¢253 millones a la empresa española Setex Aparki.
En esa ocasión, la Contraloría ordenó suspender a Araya y otros cuatro funcionarios por 30 días sin goce de salario, entre esos funcionarios estaba el director jurídico del ayuntamiento, Mariano Rodríguez Solís.
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