El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad, impulsado por Compromís y que recabó la firma de cincuenta diputados del Congreso de los Diputados, en relación a diversos apartados de la Ley 1/2024, de 27 de junio, de la Generalitat, por la que se regula la libertad educativa. En concreto, en una providencia fechada el 19 de noviembre, el Tribunal, a propuesta de la Sección Tercera, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad sobre el artículo 3, apartados 5 y 8; artículo 4, apartado 1; artículo 5, apartados 1, 3 y 4; artículo 6, apartados 1 y 5; artículo 7, apartado 5; artículo 8; artículo 9; artículo 10; artículo 11, apartado 5; artículo 12, apartados 3 y 4; artículo 13; artículo 17; artículo 18; artículo 19, apartado 2.c); artículo 20, apartado 1, y disposición adicional cuarta, de la citada norma. Asimismo, ha acordado dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, así como a Les Corts Valencianes y al Consell, por conducto de sus presidentes, al objeto de que, en el plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Finalmente, el TC deniega la suspensión solicitada en la demanda y señala que se publicará la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Este recurso fue presentado el pasado 25 de septiembre, por iniciativa de Compromís y que reunió el apoyo de cincuenta diputados y diputadas -mínimo requerido para la presentación de recurso desde el Congreso- de la propia coalición valencianista, Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y BNG, por considerar que va en contra de los derechos lingüísticos del alumnado reconocidos en el Estatuto de Autonomía, en la Constitución Española y varias leyes educativas de rango superior. Desde Compromís han señalado en un comunicado que la nueva ley educativa «obliga a las familias valencianas que tienen que matricular a sus hijos para el próximo curso a no saber en qué lengua recibirán las clases» e «impide que el alumnado de áreas castellanoparlantes pueda aprender en valenciano y domine las dos lenguas oficiales». «La ley del PP permite que haya profesorado sin capacitación para dar clases en valenciano de asignaturas no lingüísticas y vulnera así el derecho del alumnado a recibir clases en valenciano de otras asignaturas», al tiempo que «existen precedentes judiciales en contra de buena parte del articulado de esta ley a través de siete sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana», han insistido. Asimismo, recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya rechazó una de las medidas incluidas en esta norma porque permitir que cada alumno pueda elegir la lengua en la que quieren hacer los exámenes «atenta contra el objetivo de adquisición de conocimientos que van vinculados a la lengua oficial en la cual se vehicula una asignatura».
