Guardias civiles cuestionan los criterios de Maralaska a la hora de conceder condecoraciones
Guardias civiles manifiestan su preocupación ante la reciente polémica generada por la concesión de una medalla al empresario Aldama, investigado por actuaciones contrarias a los valores y principios que rigen la institución. "Este escándalo pone de manifiesto, una vez más, la falta de transparencia y los cuestionables criterios que rigen la concesión de estas distinciones".
Desde la AUGC denuncia que la normativa de medallas fomenta lo que podría calificarse como un “mercadeo” de condecoraciones. Estas distinciones, entregadas sin conocimiento ni participación de los representantes de los guardias civiles, favorecen a personas ajenas al Cuerpo, como empresarios, políticos, periodistas, jueces, fiscales o jefes de empresa de seguridad privada sin saber muy bien a qué criterios obedece esta práctica. "Estas condecoraciones a personal ajeno al Cuerpo, no solo genera malestar entre los miembros de la Guardia Civil, sino que también da pie a la percepción de una “cadena de favores” y servilismos impropios de una institución con los valores que representa el cuerpo".
Por ello, solicita de manera urgente que se revise y modifique la normativa de concesión de medallas. "Es fundamental que las distinciones otorgadas a personas externas a la institución se limiten a casos excepcionales, debidamente justificados, y bajo criterios de total transparencia. Asimismo, estos expedientes deben ser tratados y aprobados en el seno del Consejo de la Guardia Civil, un órgano colegiado donde están representadas las asociaciones profesionales".
"Las condecoraciones deben ser un reconocimiento al mérito y el servicio prestado, y no un instrumento utilizado con fines ajenos al interés institucional. El caso Aldama es solo un ejemplo reciente, pero evidencia la necesidad urgente de un cambio que dé legitimidad a estas condecoraciones. Además, el propio ministro del Interior ha afirmado que este reconocimiento sería retirado; sin embargo, el propio ministro debe conocer que con la regulación actual es imposible su revocación