El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, sustentó ante el Pleno del Congreso el proyecto que propone la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, la denominada Ley MAPE. Mientras exponía, gremios de mineros artesanales protestaban por quinto día consecutivo en los exteriores del Palacio Legislativo.
Mucho negó que luego del 31 de diciembre de 2024, fecha prevista para el cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), los mineros inscritos pasarán a ser ilegales, sino que las direcciones o gerencias regionales tendrán 6 meses para culminar los trámites. En caso de que no se culmine, pasarán al Minem.
También recalcó que la norma propone derogar una disposición emitida por el Gobierno de PPK que eximía de responsabilidad penal a los mineros ilegales que se inscriben en el Reinfo.
Asimismo, aseguró que el proyecto sí fue socializado con gremios en talleres de trabajo.
Los congresistas criticaron duramente el texto. Por ejemplo, Roberto Chiabra aseguró que el proyecto “caracteriza al Gobierno: tarde, mal e incompleto”, mientras que el fujimorista Arturo Alegría aseveró que la permanencia de Mucho en el gabinete es “insostenible”.
En tanto, Jaime Quito dijo que la propuesta “no resuelve el problema de la minería artesanal, lo único que hace es repetir lo que ya fracasó, el Reinfo".
En esa línea, Guillermo Bermejo catalogó el proyecto como un “mamarracho” que “amplía plazos muy perentorios donde se ponen estándares de calidad que no se van a poder cumplir”. “Van a arrojar a 400.000 familias que se dedican a la minería informal a la ilegalidad”, apuntó.
Finalmente, Rómulo Mucho dijo que el proyecto “posiblemente no sea perfecto porque no existe una ley perfecta”. Agregó que su renuncia al cargo “no resuelve el problema” de la formalización minera.
Elisban Mamaní, coordinador de mineros artesanales de Arequipa que junto a sus colegas protesta frente al Congreso, dijo a La República que la Ley MAPE los aleja de la formalización y exigen una nueva ampliación del Reinfo y la renuncia del ministro Rómulo Mucho.
“Nos quiere eliminar con su Ley Mape. Esa ley que no nos sirve, nos criminaliza, nos desvía lejos de la formalización. Por lo tanto, exigimos la renuncia del ministro de Energía y Minas. Vamos a quedarnos hasta que acepten el proceso de ampliación”, apuntó.
En ese mismo sentido se expresó Reinaldo Vilcape, minero de Ático Calpa, ubicada en la provincia arequipeña de Caravelí: “Lo que ha presentado Rómulo Mucho no nos favorece en nada a nosotros. Al contrario, le favorece a las grandes empresas. A nosotros nos ponen candados. (...) Nosotros no nos vamos de aquí hasta lograr nuestro objetivo, vamos a seguir en pie de lucha”.
En tanto, Delia Paucar, representante de la Confederación de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales del Perú, afirmó que la Ley MAPE los criminaliza y expone a economías ilegales.
“Con ese proyecto que sacó el ministro prácticamente a todos los mineros del Perú los está mandando a matar”, aseveró.
Luego de su presentación ante el Pleno, 36 parlamentarios de distintas bancadas (Fuerza Popular, Somos Perú, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú, Podemos Perú, Acción Popular, Bloque Magisterial y Perú Libre) presentaron formalmente la moción de censura contra el ministro Rómulo Mucho.
Los congresistas firmantes acusan a Mucho por “su falta de capacidad y grave negligencia en la gestión ministerial al frente de su sector”. Critican especialmente el proyecto de Ley MAPE, al que califican como un “despropósito completo” por no abordar “los problemas estructurales que aquejan al sector minero artesanal y pequeña minería.
“Por si fuera poco, la ley ignora al verdadero enemigo: la minería ilegal. Mientras esta actividad destruye ecosistemas, desplaza comunidades y alimenta economías criminales, la norma no ofrece medidas contundentes para erradicarla. No se proponen estrategias para cortar las cadenas de comercialización de minerales ¡legales ni sanciones efectivas contra quienes lucran con esta práctica destructiva. En lugar de enfrentar el problema, esta ley deja intacta la raíz del caos en el sector minero”, se lee en la moción.
También se cuestiona que no se propongan soluciones sobre la problemática del Reinfo. Según cifras, desde la creación en 2012, más de 70.000 mineros se han inscrito, pero menos del 15% se ha formalizado por completo.
Sobre Petroperu, los congresistas que buscan la censura de Mucho apuntan a una falta de transparencia e idoneidad en los directores designados.
Ello, sumado al costo de la refinería de Talara, dicen los congresistas, evidencia “una crisis de liderazgo y planificación en Petroperú”.
La moción podrá ser votada a partir del cuarto día natural desde la presentación, es decir, desde el martes 26 de noviembre. Se requieren 66 votos para que prospere la censura.
En La Libertad se registró un enfrentamiento entre presuntos mineros ilegales y agentes de la Policía Nacional del Perú dejó un saldo de 10 efectivos heridos en el caserío de Coigobamba, ubicado en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión.
El atentado tuvo lugar luego de que los policías evitaron que socavones de la minera Summa Gold fueran reabiertos. Tras el ataque, los presuntos mineros ilegales quemaron el patrullero.
La Fiscalía Provincial Mixta de Sánchez Carrión inició diligencias preliminares por hurto agravado y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.
