El lamentable y reciente fallecimiento de dos jóvenes en nuestro país, que decidieron aceptar un reto trágico en las redes sociales, ha sido un detonante por parte de las autoridades estatales para el desarrollo de una propuesta de ley enfocada en la protección de niños y jóvenes frente al impacto evidente de los mensajes en los medios y en las redes sociales.
Más allá de aplaudir una iniciativa de este tipo, es importante alertar que la solución de un problema tan complejo como este, no debe quedarse en el plano legislativo, ni mucho menos en solo destacar la solución por la vía punitiva, ya que eso sería el símil de vender el sofá para evitar nuevas infidelidades de la pareja.
La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, tiene un articulado relevante respecto al tipo de mensajes que, desde los prestadores de servicio, pueden ser emitidos en criterios de salud, sexo y violencia, así como los horarios de transmisión permisibles para cada tipo de contenido.
Sin embargo, el asunto legislado es incompleto por dos razones: 1) porque deja por fuera a los medios digitales no regulables localmente, 2) pero muy especialmente porque deja por fuera la necesidad de la alfabetización mediática en el sistema educativo como la verdadera protección para poder hacer una adecuada percepción crítica de los contenidos que se consumen y para desarrollar competencias mediáticas en las audiencias de niños y adolescentes.
Esto último permitirá a los jóvenes protegerse ante la gran cantidad de riesgos, tales como las noticias falsas, el ciberbullying, la sextorsión, los hackeos, las adicciones digitales (nomofobia, binge viewers, adicciones lúdicas, entre otras), los retos sociales peligrosos y cualquier otro riesgo a los que nuestros jóvenes se enfrentan a diario sin ningún tipo de protección, más allá de la formación que puedan recibir en sus hogares. En ocasiones ninguna.
La educación mediática, definida por el Parlamento Europeo como educomunicación, el año 2018, no es nueva ni es moda en la mayoría de las naciones que han entendido correctamente este asunto. La mayoría de ellas han decidido incorporarla transversalmente en los subsistemas educativos. Esta es una labor pendiente en nuestro país.
Nuestro marco legislativo actual promueve la educación mediática. Las investigadoras criollas Morella Alvarado, Alexandra Ranzolin y Cristina Méndez Pardo, presentaron en el libro Media Education in Latin America (2019), un inventario legislativo que invita y obliga a los medios, gobierno, sector educativo y ciudadanos al desarrollo de mecanismos para el incentivo de la protección mediática de los venezolanos. Entre ellos tenemos:
Concluyen estas investigadoras que la situación de la educación en medios en Venezuela no carece de propuestas por parte de los distintos actores, pero sufre de la desarticulación entre quienes deberían elaborar acuerdos para integrar las diversas iniciativas a través de políticas públicas coherentes, sistemáticas e inclusivas.
Como vemos la regulación por si misma no es la solución si no viene acompañada de la incorporación de la educación mediática en los sub sistemas educativos de nuestro país, por lo que invito a los designados en la comisión de diputados, a la que se les pidió presentar el primer informe ante la plenaria «de manera perentoria», que consideren la integración de la formación junto con la prevención y castigo en la propuesta legislativa que será posteriormente sometida a aprobación ante el pleno de la Asamblea.
Lecturas sugeridas:
Alvarado, M. Méndez Pardo, & Ranzolin, A. Educación mediática en Venezuela. Del frenesí a las contradicciones. Extracto del libro Media Education in Latin America. Julio-César Mateus, Pablo Andrada y María-Teresa Quiroz (Eds.). Oxfordshire: Routledge.
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