El escueto informe de 13 páginas con el que el Gobierno del PP justifica el desmantelamiento de este antiguo complejo hospitalario constata que hay una superficie afectada de 40.000 metros cuadrados
Antecedentes - El PP quiere poner en manos privadas el Parque Científico de la Salud con una fundación con inversores al frente y que se ubicará en el solar de la Residencia Cantabria
El edificio en desuso de la Residencia Cantabria es una montaña de metal, cemento... y amianto. Las 4.000 toneladas de este material cancerígeno que contiene se reparten por la cubierta, los paramentos de las fachadas y los forjados y pavimentos entre plantas de su principal edificio, una torre de 45 metros de altura frente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. Su retirada y tratamiento costará 10,17 millones de euros, la mayor parte de los 17,5 millones que calcula el Gobierno que costará desmantelar un complejo de cuatro edificios y cuyo solar ocupará el futuro Parque Tecnológico de la Salud.
Por si el amianto no fuera suficiente, la mole de la Residencia contiene material radiactivo, sobre todo en lo concerniente a las dependencias que fueron de Radiología, según el resumen del plan de desmantelamiento que el Gobierno de Cantabria ha hecho llegar al Parlamento autonómico consultado por elDiario.es.
La demolición del complejo iba a comenzar después del pasado verano, pero se está retrasando, no tanto por la extraordinaria complejidad del proceso -se supone que durará 24 meses y tendrá que realizarse a mano y con maquinaria pesada-, sino porque los constructores cántabros han recurrido el contrato concedido a la empresa pública Tragsa para hacerlo, aparte del hecho de que aún no haya licencia municipal para el derribo, que el Servicio Cántabro de Salud pidió en octubre.
Prácticamente toda la oposición política en el Parlamento de Cantabria ha protestado ante el Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) por la parca información que ha hecho llegar la Consejería de Salud que dirige César Pascual (PP). Se ha justificado en el volumen de la documentación, invitando a quien quiera consultarla a acudir a sus dependencias, remitiendo tan solo un informe de 13 folios a modo de resumen.
El contrato se encuentra paralizado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC), ya que la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) lo recurrió alegando que va en contra de los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico considera que Tragsa, especializada en trabajos con un alto componente medioambiental, es la empresa idónea para hacerlo.
Pero, ¿qué esconden las paredes del complejo, que se levanta justo enfrente del Hospital Valdecilla? El informe de los trabajos de demolición constata que hay una superficie de 40.000 metros cuadrados en el edificio principal abandonado que contienen este material cancerígeno, a lo que se añade la presencia de material radioactivo, entre otros compuestos sólidos y líquidos tóxicos.
La Residencia Cantabria fue construida en 1969 y era un complejo sanitario compuesto por un edificio principal de 45 metros de altura sobre la base de un edificio central, otro inmueble al sur para el IDIVAL (Instituto de Investigación de Valdecilla), la Dirección Provincial del Servicio Cántabro de Salud al oeste y un edificio auxiliar de mantenimiento al este. Todos están en desuso y clausurados, excepto el del Idival.
Tras varias reformas con los años, se realizó un Informe de Patologías de Fachada en 2017, tras lo que se descartó rehabilitar el complejo y se opta ahora por la demolición, que dada la configuración de los inmuebles, sobre todo de la torre, requerirá maquinaria pesada muy especializada y sobre todo trabajo a mano dada la gran presencia de material contaminante.
El Edificio Torre consta de 13 plantas de similares características, alcanzando una altura sobre rasante de 46 metros de altura desde la planta baja. Tiene una estructura metálica sobre la que se instalaron forjados y suelos, todos contaminados, así como los paramentos de la fachada, que se conjugan con amplios ventanales y zonas ciegas de los muros cortina que están hechos con crisotilo, una variedad de amianto.
Los edificios fueron construidos en su momento de forma general con cubiertas a base de placa ondulada de fibrocemento (material con amianto) que, durante el transcurso del tiempo, de forma parcial han sido paulatinamente cubiertas por elementos metálicos a base de chapa perfilada.
En lo referente a los falsos techos del interior del edificio principal, el informe consultado por elDiario.es estima que puedan tener también amianto, ya se perforó el encofrado del forjado para la sujeción de diversas instalaciones. También los suelos están contaminados, tanto los de tipo cerámico como los de terrazo o sintéticos. Hasta las bajantes verticales son sospechosas de contener amianto.
Las conclusiones del informe no solo hablan de amianto, sino también de la existencia de material radioactivo: “El tratamiento y la gestión de los residuos será una parte fundamental de las obras, destacándose la presencia de gran cantidad de fibrocemento, unido a la presencia de diversos tipos de residuos peligrosos propios de un uso sanitario (como equipos con sustancias peligrosas y elementos con materiales radiactivos como detectores de humo o pararrayos, o expuestos a radiación en zonas de rayos x, como revestimientos con planchas de plomo)”.
Se calcula que hay amianto en 6.500 metros cuadrados de cubiertas, 40.000 metros cuadrados de pavimentos y placas de encofrados y 2.500 metros cuadrados de fachada. La cantidad de material afectado por el amianto podría superar las 4.000 toneladas, así como la cantidad de residuos de demolición inertes llegarán a alcanzar aproximadamente más de 36.000 toneladas.
Para desmontar los edificios, primero se aislará el complejo del resto de la ciudad, desviando o inhabilitando todas las conexiones con las redes urbanas, principalmente las correspondientes con el abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado y electricidad. Se deberá implantar un sistema de andamiaje que en el edificio torre alcanzará 50 metros de altura.
Cuando se entre en la fase de desmantelamiento manual del interior de las diferentes plantas del conjunto de edificios, se procederá al vaciado interior. “Todos los falsos techos, carpintería, cristalería, puertas, instalaciones y equipos deberán ser retirados con el objetivo de despejar la zona para las siguientes fases. Será clave en este punto detectar los elementos que contengan residuos peligrosos para proceder a su correcta gestión”, dice el informe.
“En la tercera fase se procederá a acometer las actividades relacionadas con la retirada de elementos compuestos por materiales con amianto. Actualmente se han detectado varios elementos, siendo el más importante el encofrado perdido utilizado en la mayor parte de forjados. La retirada de este elemento se deberá realizar mediante el aislamiento de la zona de actuación, formando una burbuja con atmósfera en depresión. A partir de ahí, los diferentes equipos de operarios debidamente equipados procederán al picado y levantado manual desde la zona inferior, el acopio de los residuos y su transporte para gestión”, explica el documento sobre el derribo.
Los pavimentos sintéticos serán retirados mediante sistema de desamiantado, que se aplicará también en las cubiertas de placa ondulada, ciertas bajantes y el aplacado de fachada de muro cortina.
Una vez finalizado lo anterior y libre de la problemática del amianto, se entrará en la cuarta fase, la correspondiente a la demolición en sí del sistema estructural de los edificios. El volumen total a demoler alcanzaría más de 120.000 metros cúbicos, repartidos en 60.000 metros para el edificio torre, 30.000 para el edificio central, 10.000 para el edificio de servicios y 20.000 para el de la dirección.
El hito más importante será la demolición del edificio torre debido a su gran altura. Para ello, se deberá utilizar maquinaria pesada con grúas de brazo largo y gran tonelaje, de lo que únicamente empresas especializadas a nivel estatal poseen capacidad y experiencia.
“Como quinta fase se entrará en las actividades de carga, transporte y gestión de residuos generados en el proceso de desarrollo de las fases previas. Importante en este punto controlar todo el tonelaje asociado a los diferentes materiales en general, ahora bien, con especial interés en los afectados por el amianto, que podría llegar a alcanzar cantidades superiores a las 4.000 toneladas, si se tienen en cuenta como afectado el espesor de soporte del pavimento de forjado”, concluye el escueto informe sin firma, de apenas una decena de páginas, con el que el Ejecutivo autonómico justifica la adjudicación de la obra a Tragsa.
