Entre tantas malas noticias detecto un rumbo a mejor del Gobierno en materia de migración con la reforma de la Ley de Extranjería, informes sobre lo imprescindibles que son las personas migrantes para nuestra sociedad y España defendiendo junto al sur global, en el G20, los impuestos a milmillonarios
La discriminación contra los ciudadanos extranjeros hace perder a la economía española 17.000 millones de euros al año
Coinciden estos días en las noticias Mansour Knote, el guineano de 19 años que rescató a una joven durante la DANA en Málaga e Ibrahima Diack y Magatte N'Diaye los senegaleses testigos en el juicio contra el asesinato homófobo, en La Coruña, de Samuel Luiz a quien ellos intentaron salvar. Por supuesto es intolerable que algunos solo manifiesten respeto a quienes han migrado cuando protagonizan heroicidades o destacan por sus talentos. Tanto el derecho a migrar, reconocido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la dignidad humana son de toda persona por serlo, sea valiente o cobarde, lista o necia.
Lo que no quita que la solidaridad fraterna de quienes sufren a diario el racismo social e institucional conmueva y merezca, con toda justicia, gratitud y aplauso. Doy un paso más: estos rescates ejemplifican el más amplio y silencioso, menos vistoso pero igualmente importante, que están realizando en países como España reflotando nuestra economía y demografía.
Al fin, esta semana detecto un cambio de rumbo a mejor del Gobierno de España, de la parte socialista que no defendía de forma tan explícita como las izquierdas a su izquierda, la aportación esencial de las y los migrantes a nuestra sociedad.
Uno de mis hábitos post Covid es subir por escaleras de mi bloque, ya como ejercicio. En ese trasiego me cruzo con mujeres latinoamericanas: una cuida a un enfermo, otra lleva años criando a tres niños y las demás se relevan en tunos a cargo de tres ancianas dependientes. Conozco bien su trabajo, duro y paciente, gracias a las cuidadoras de una tía mía con demencia senil, en su mayoría venezolanas y colombianas (El 63% de los inmigrantes llega en avión, entre el 0,5 y el 1% en pateras. Las fotos de rescatados con mantas rojas que suelen ilustrar las noticias sobre migración dan una idea distorsionada de la realidad).
El 26% de las y los trabajadores en Cataluña ya son inmigrantes y el 15% en 20 de las 50 provincias españolas: cuidadoras y limpiadoras, camareros, dependientas, pescadores, jornaleras, empleados de industrias cárnicas, cajeras, albañiles, taxistas, camioneros... muchos sobrecualificados. Si ellos paran, se para España.
Pese a mi experiencia en Sevilla, cada vez que voy a Madrid me sorprende la cantidad de latinoamericanas/os trabajando en los bares, en las tiendas, en el metro. Y tantísimos que no vemos, aquellos “esenciales en pandemia” para pescar, cultivar y cosechar (como los aceituneros de Jaén que esta semana duermen al raso), trabajar en los mataderos, es decir, para alimentarnos. En Cataluña el 26% de los trabajadores ya son inmigrantes (según este informe de CCOO-CAT, en cuya p.45 está el reparto por profesiones), en 20 de las 50 provincias españolas son más del 15% (en Sevilla no llegamos al 6%).
Si ellas y ellos pararan, España se para. Es así hace años. La novedad es que, al fin, esta semana el gobierno de PSOE+Sumar ha hecho varios movimientos para poner en valor que las y los migrantes, los nuevos españoles, son imprescindibles.
¿A qué movimientos me refiero? Pues el lunes arrancó la semana con un informe de investigadores de la Autónoma de Madrid por encargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre cuál es el impacto económico de la discriminación de los inmigrantes. Es decir, la factura del racismo. Dato: 17.166 millones de euros al año. Cantidad que con la que se podrían pagar las nóminas de casi todos los funcionarios estatales.
¿Y cómo se pierde ese dinero?
Podríamos estar creciendo un 1,27% más sobre el 3% que lo hacemos. Todo está tasado en el informe, aquí íntegro.
El racismo sistémico que existe en España nos hace perder 17.166 millones de euros al año porque se niega a contratar a 248.000 personas necesarias y a quienes coloca lo hace por debajo de su cualificación y con menos salario del normalmente aparejado.
Al día siguiente, martes, el gobierno aprobó el nuevo reglamento de Extranjería, que está llamado a regularizar a 900.000 personas los próximos tres años, facilitando conseguir los permisos de residencia y trabajo. No es, por muchas razones, una reforma ideal. Abogados y asociaciones alertan de que sin más personal de extranjería será difícil de aplicar; además solo reduce de tres a dos años el tiempo para demostrar arraigo lo que sigue condenando a dos años de neoesclavitud a muchísimos y, como critica el movimiento Regularización Ya, cae en una perspectiva utilitarista a diferencia de la ILP ante el Congreso que ellos están promoviendo para regularizar a 500.000 inmigrantes sin vincularlo al mercado laboral. Con todo y con eso, no cabe duda de que es una ruta mejor que la que traíamos.
Nuevo rumbo que, un día después, miércoles, se vio confirmado con un amplio artículo de la exministra de Exteriores también con Pedro Sánchez, Arancha González Laya, en EL PAÍS, donde responsabiliza de la crisis de competitividad europea en el contexto global al envejecimiento demográfico y la falta de inmigrantes en Europa. La UE, escribe, tiene una edad media de 44 años, frente a EEUU y China de 38, India de 28 y África de 18 y mientras que en EEUU el 14% de la población es inmigrante en la UE solo lo es el 6%.
Es obvia la concepción utilitarista que emerge hasta de los análisis más bienintencionados. Pero jamás los privilegiados (y los occidentales blancos lo somos) reconocieron los derechos de quienes oprimían por convicción o buena voluntad, sino que estos los conquistan siempre por su potencia en la sociedad. Siendo así, que se tenga clara la importancia laboral de los inmigrantes no tiene nada de malo, al contrario, es una baza clave para negociar y consolidar los derechos que por justicia les pertenecen.
Los seres humanos tenemos derecho a migrar con independencia de que el país de llegada nos necesite para cubrir empleos y cotizar para pagar las pensiones de los jubilados. Pero ser imprescindibles, como lo son hoy los migrantes en España y la UE, da una fuerza clave para conquistar los derechos que la elite privilegiada no suelta en su deseo de seguir oprimiendo.
Hablamos de unos derechos humanos que la ultraderecha y derecha españolas se empeñan en pisotear con iniciativas propias del vergonzoso pasado segregacionista como la de Vox de prohibir que los inmigrantes de Hortaleza (Madrid) puedan sentarse en las paradas de autobús o incluso del pasado negrero como la prueba aprobada por PP y Vox en Baleares para comprobar la edad de los migrantes mirándoles los dientes como si fueran caballos.
Por último, el presidente Pedro Sánchez en la Cumbre del G20 en Río de Janeiro se ha posicionado, junto al presidente brasileño Lula da Silva y el sur global defendiendo la reforma en pro de la representatividad en la ONU, así como los impuestos a los milmillonarios frente al hambre, la injusticia y la destrucción medioambiental.
Algo clave pues, como denuncia Oxfam, el 1% de megarricos del mundo -cuyos intereses defenderán Trump y sus secuaces en la administración estadounidense- controla el 31% de la riqueza mundial mientras que el 50% pobre solo tiene el 5% de los recursos.
Ojo que, en esta misión tributaria, España tiene tarea. No solo por la reforma fiscal aprobada ayer en el Parlamento con la promesa de prorrogar el impuesto a las eléctricas que a ver cómo se concreta, sino porque somos el 15º país de los 206 del mundo donde empresas y ricos más evaden a sus guaridas fiscales. Según la Red de Justicia Fiscal, 10.000 millones de euros al año. No es moco de pavo.
