La situación de la plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sigue sin levantar cabeza, con la plantilla en mínimos históricos, bajo la desidia del Ministerio de Trabajo y sin que tenga ningún plan para recomponer la plantilla, ni siquiera para recuperar las bajas que se pierden. Así, el Servicio ha perdido más del 45% de sus funcionarios en los últimos 10 años, lo que está repercutiendo en una grave pérdida de calidad de la atención a la ciudadanía. «Nos encontramos con oficinas del SEPE que tienen un solo funcionario para atender poblaciones enteras. En esta situación, si solamente se dispone de un funcionario, dar asistencia presencial a los ciudadanos es complicado por no decir casi imposible», denuncia el presidente de CSIF, Miguel Borra, que este bloqueo, «muy preocupante» y de difícil solución, ha provocado el colapso del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz si no se activa un plan específico.
En concreto, el organismo ha perdido en torno a 3.500 efectivos estructurales, para completar una insuficiente plantilla de 7.270 funcionarios, que terminará el año con menos de 7.000 personas trabajando por las jubilaciones y las bajas. Los sindicatos cifran en 12.500 efectivos el mínimo para mantener un nivel de trabajo «mínimamente satisfactorio», explican desde CC OO.
Cerca del 60% de la plantilla –unos 4.500 empleados– está habilitada para el servicio de prestaciones, una cifra «muy corta» al distribuirse en las 711 oficinas de atención presencial disponibles, 52 oficinas de atención telefónica, 52 direcciones provinciales y los Servicios Centrales. Desde CSIF denuncian que el 55% de las oficinas de atención al público están infradotadas de personal: hay siete oficinas que ya no tienen personal; 59 cuentan con un solo funcionario; 104 únicamente tiene dos efectivos; 86 se sostienen con tres; 67 en las que hay cuatro y 65 oficinas tienen apenas cinco efectivos pese a tener poblaciones considerables.
Ante esta falta de recursos laborales, desde CSIF han vuelto a exigir «por activa y por pasiva» al Gobierno, en general, y a Yolanda Díaz, en particular –responsable directa de esta situación al estar integrada en su Ministerio y «no haber hecho nada al respecto»–, que se lleve a cabo una Oferta de Empleo Público (OEP) extraordinaria «para cubrir los puestos que se están perdiendo y que no se están cubriendo».
En numerosas oficinas del SEPE solicitar cita presencial es misión imposible desde hace meses, con especial incidencia en localidades en las que las oficinas apenas cuentan con entre uno y tres funcionarios, por lo que solicitar una prestación de desempleo o hacer otras gestiones es prácticamente imposible. Varias regiones están saturadas por la falta de personal, lo que está generando retrasos en el cobro de prestaciones por la acumulación y retraso de los expedientes, al no tener capacidad para asumir «tal carga de trabajo con tan poco personal». El tiempo medio de espera para una cita supera ya las tres semanas –en algunas oficinas la demora supera el mes de largo– y, en más del 30% de los casos, ni siquiera se abonan las prestaciones en el mes siguiente al de su solicitud
Los sindicatos han avisado en varias ocasiones de que la situación va a ir a peor tras entrar en vigor el pasado 1 de noviembre de la reforma del subsidio de desempleo que aprobó Yolanda Díaz y que implicará que se asuman nuevas prestaciones de protección social, como la cogestión del Ingreso Mínimo Vital, que hasta ahora era solo competencia de la Seguridad Social. CC OO ya denunció los retrasos en la tramitación del nuevo sistema debido a graves problemas técnicos y a la falta de trabajadores para asumir las nuevas funciones, lo que «nos va a abocar al conflicto laboral ante el riesgo real de colapso en el SEPE por la mala gestión de sus responsables, después de que tras el inicio de la gestión de las nuevas prestaciones el sistema informático colapsara».
Los sindicatos señalan con el dedo al Ministerio de Yolanda Díaz por su falta de previsión, ya que «la aplicación informática ALMA fracasó desde el primer momento, por lo que las nuevas solicitudes pasan a engrosar una nueva bolsa de retraso, que agrava las demoras ya existentes en el organismo». Por ello, exigen una solución inmediata para evitar el colapso definitivo del organismo.
Borra carga contra el Gobierno por haber demostrado tener dos caras, la que defiende la cultura de lo público mientras apenas esté contando con los funcionarios para sacar adelante medidas relacionadas con la función pública. «Ya estamos acostumbrados a estar en un segundo plano de muchos de los ministros que nos han tocado», reconoce el presidente de CSIF, que señala que las negociaciones con el Ejecutivo «son prácticamente nulas, solo tenemos alguna pequeña reunión, con algún tema de seguimiento de las ofertas de estabilización que hemos tenido en los últimos meses, pero desde luego hasta ahí».
