A inicios de semana, miles de mineros de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal de Perú (CONFEMIN) llevaron a cabo una movilización en Lima, demandando la ampliación del proceso de formalización minera. Los manifestantes expresan su rechazo a la polémica Ley Mape, impulsada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y exigen la expansión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Un considerable número de participantes, que llegaron a la capital desde el 18 de noviembre, acamparon en las afueras del Congreso, esperando la llegada de otras delegaciones que se unieron a la protesta. Los mineros se concentraron en este punto para solicitar la aprobación de la ley, la cual, según afirman, busca garantizar el respeto a la actividad laboral minera que involucra a más de 4 millones de peruanos.
Un extenso grupo de mineros ha hecho un llamado urgente al gobierno para que se amplíe el plazo de formalización. Esta solicitud surge ante el temor de que, al no contar con el tiempo suficiente para cumplir con los requisitos establecidos, muchos trabajadores del sector se vean forzados a operar en la ilegalidad. La situación se ha vuelto crítica, ya que la falta de formalización no solo afecta a los mineros, sino también a las comunidades que dependen de esta actividad económica.
La formalización de la minería es un proceso que busca regularizar a los mineros informales, permitiendo que operen dentro del marco legal y garantizando así la protección de sus derechos laborales y ambientales. Sin embargo, muchos de estos trabajadores enfrentan dificultades para cumplir con los requisitos exigidos, lo que ha llevado a un aumento en la presión para que se extienda el plazo de formalización. “Si no se amplía el plazo, muchos de nosotros quedaremos fuera de la ley y perderemos nuestros medios de vida”, expresó uno de los representantes de los mineros.
La situación se complica aún más por la falta de recursos y apoyo técnico que enfrentan los mineros en su proceso de formalización. A pesar de los esfuerzos del gobierno por implementar programas de apoyo, muchos trabajadores sienten que no cuentan con la asistencia necesaria para cumplir con los requisitos establecidos. Este escenario ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los mineros, quienes ven en la extensión del plazo una oportunidad para regularizar su situación.
Los mineros han manifestado su intención de llevar a cabo un paro nacional si las autoridades no responden a sus exigencias. En los últimos días, se ha evidenciado una paralización de actividades en el sur del país. Héctor Galvéz, representante del sector, afirmó: “Si no obtenemos resultados del Congreso, ya estamos coordinando un paro nacional. La paralización ha comenzado en la zona sur y ya estamos en conversaciones con los mineros de la costa, sierra y selva, para extenderla a todo el país”.
La situación plantea un escenario de tensión entre los trabajadores y el gobierno, que deberá actuar para evitar un conflicto mayor. Cabe resaltar que al interior del país ya se producen bloqueos de vías y movilizaciones a fin de que el Gobierno de Dina Boluarte escuche los reclamos de los mineros informales.
