Un recurso a sendas licitaciones de la asociación de médicos de libre ejercicio paraliza cautelarmente el procedimiento, mientras Mugeju trabaja ya en las medidas a adoptar para que "no exista perjuicio alguno" para sus beneficiarios
El Gobierno exigirá a las aseguradoras que demuestren cuánto les cuesta atender a los funcionarios de Muface
Aun con el Ministerio de Función Pública tratando de resolver la crisis abierta en Muface, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido, de forma cautelar, el proceso de licitación abierto para la asistencia sanitaria de Mugeju e Isfas, que cubre a los funcionarios de justicia y a los militares, respectivamente, así como a sus familias. La medida, según la resolución a la que ha tenido acceso la agencia EFE, no afecta al plazo de presentación de ofertas ni impide su finalización.
Los recursos a sendas licitaciones fueron impulsados por Unipromel, la asociación española de médicos de libre ejercicio, tradicionalmente crítica con el modelo de Muface, Mugeju e Isfas, al considerar que los intermediarios, en este caso las aseguradoras, no repercuten en los incrementos de las primas en “los verdaderos prestadores del concierto, que son los médicos” y de retribuirles con condiciones “leoninas”. Su presidente, Ignacio Guerrero, es un firme defensor del modelo 'Muface directo', en el que el Estado pagaría directamente a los hospitales y consultas privadas.
En sus recursos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la asociación estima “que los pliegos reguladores del contrato que nos ocupa resultan contrarios al ordenamiento jurídico y lesivos para los derechos e intereses legítimos de los profesionales médicos”.
A la espera de conocer la resolución definitiva, a diferencia de Muface, varias aseguradoras han acudido a los conciertos para Mugeju e Isfas para los años 2025 y 2026. En concreto, Adeslas y Asisa sí quieren continuar prestando asistencia a los militares y a los funcionarios judiciales, a la que también opta Nueva Mutua Sanitaria. En total, cada una de las mutualidades atiende a 92.000 y 560.000 beneficiarios y familiares, respectivamente.
La mutualidad de Justicia, dependiente de este Ministerio, ha publicado este mismo viernes un mensaje en su página web en el que indica que le ha sido notificada la suspensión del procedimiento. En la nota, traslada a sus beneficiarios que el organismo “ya está trabajando en la planificación de las medidas a adoptar para que, en cualquier supuesto y siempre al amparo de la normativa vigente, no exista perjuicio alguno” sobre el colectivo.
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha anunciado este mismo viernes una “gran movilización” para el próximo día 14 ante la Dirección General de Muface. El objetivo es forzar al Ejecutivo a alcanzar un acuerdo con las aseguradoras privadas, que han rechazado ya un aumento de la prima del 17%, la mayor de la serie histórica, pero que las compañías consideran insuficiente.
En un acto organizado por Nueva Economía Fórum, Borra ha señalado también problemas en Mugeju e Isfas. En la primera, ha dicho, “se han caído tres aseguradoras, quedan dos y una pequeña”, por lo que ha lamentado que “en estos momentos hay 35.000 funcionarios de Justicia, servidores públicos, que se encuentran con que tienen que cambiar de compañía”.
Mientras estas dos mutualidades dependen de Justicia y Defensa, Función Pública trata de resolver la crisis con Muface, después de que el concierto presentado por el Gobierno quedara desierto. El Ministerio dio un vuelco al procedimiento y este miércoles abrió un periodo de consultas preliminares para que, en el plazo de 10 días, las compañías justifíquen con evidencias a qué precio estarían dispuestas a prestar el servicio, antes de presentar una nueva oferta.
Tanto UGT como Comisiones Obreras han considerado “adecuada” esta medida. En un comunicado conjunto, ambos sindicatos han pedido “celeridad” al Gobierno y “responsabilidad” a las aseguradoras, para cerrar un acuerdo que saque de la incertidumbre a más de un millón de personas, entre funcionarios y sus beneficiarios. En cualquier caso, el Gobierno ha trasladado un mensaje de tranquilidad, al asegurar que seguirán recibiendo la prestación como hasta ahora, incluso con una prórroga que fuerze a Adeslas, Asisa y DKV a continuar prestando el servicio bajo las mismas condiciones.
Borra, por su parte, ha calculado que la nueva licitación podría llegar “más allá” de enero, con el contrato anterior, para 2022, 2023 y 2024, finalizado, lo que, en la práctica, supondría la prórroga que baraja el Ministerio. “Si quieres que el modelo continúe, haberte puesto a trabajar antes”, ha criticado durante su intervención, en la que ha indicado que, aunque quiere “creer que no hay un plan para acabar con las mutualidades” hay “muchos signos de que a lo mejor sí que existe”.
El Ministerio de Sanidad, que no tiene competencias en esta materia, ha publicado un informe en el que considera que, “en el contexto actual”, la “posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública” es “una opción tanto viable como razonable”. Función Pública, por su parte, asegura que ese no es el plan.
