En el contexto de la República Dominicana, el fenómeno del feminicidio ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 48 casos registrados en lo que va del año 2024. Sin embargo, es imperativo que, como especialistas en seguridad, ampliemos nuestro enfoque más allá de las estadísticas y los hechos violentos, y consideremos las consecuencias colaterales que estos actos generan, particularmente en los niños y niñas que quedan en la sombra de esta tragedia. Estos menores, que pueden ser considerados «VÍCTIMAS INVISIBLES«, enfrentan un escenario de vulnerabilidad extrema que requiere atención urgente y especializada.
El feminicidio, en su esencia, implica la pérdida de la vida de una mujer por el mero hecho de ser mujer. Sin embargo, este acto violento no solo afecta a la víctima directa, sino que también deja un rastro de desgracia en su entorno familiar. Los niños que pierden a sus madres, y a sus padres, ya sea de forma directa o indirecta al quedar huérfanos debido a la detención o muerte del agresor, merecen ser reconocidos como VÍCTIMAS COLATERALES. La pérdida de una madre puede desencadenar en ellos una serie de traumas psicológicos que, si no son adecuadamente tratados, pueden perpetuar ciclos de violencia y sufrimiento.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la República Dominicana se posicionó entre los países con las tasas más elevadas de feminicidios en la región. En 2022, la tasa fue de 2.9%, ocupando el sexto lugar en términos absolutos. Este contexto demanda una reflexión profunda sobre la situación de los niños que quedan huérfanos, en los últimos cinco años en el país hay 385 huérfanos de feminicidios, de acuerdo a la investigación de la Fundación Vida Sin Violencia y al menos 48 menores en promedio, si pensamos que cada mujer fallecida tenía un solo hijo, han perdido a sus madres en este año debido a la violencia de género, y es fundamental preguntarnos: ¿qué medidas se están tomando para garantizar su bienestar?
La situación de estos niños es crítica. En muchos casos, son testigos directos de la violencia que precede al feminicidio, lo que no solo impacta su salud mental, sino que también puede influir en su desarrollo social y emocional. Los menores en estas circunstancias a menudo se ven obligados a vivir con familiares que pueden no estar preparados para asumir la responsabilidad de su cuidado, lo que puede resultar en una falta de estabilidad y apoyo emocional.
Desde una perspectiva de seguridad, es esencial que el Estado no solo actúe de manera reactiva ante el delito, sino que también implemente políticas proactivas que incluyan un enfoque integral en la atención a estas VÍCTIMAS INVISIBLES. Esto implica la creación de un marco legal y programas de intervención que garanticen:
La Evaluaciones Psicológicas y Sociales, ya que es fundamental realizar diagnósticos detallados de la situación de cada menor, para identificar sus necesidades y proporcionar el apoyo adecuado. Una Protección Legal que establezca los mecanismos claros y que aseguren la custodia de los menores y el acceso a servicios de salud, educación y apoyo psicológico, contemplando siempre su interés superior.
Que se garanticen Programas de Apoyo Familiar que permita la formación y el acompañamiento a los familiares que asumen la responsabilidad del cuidado de los menores, asegurando que estén equipados para ofrecer un entorno seguro y estable, pero además se requiere de un Monitoreo Continuo, que dé seguimiento a estos menores y que evalúe el estado psicológico, así como la eficacia de las intervenciones aplicadas.
El feminicidio es un delito que trasciende la pérdida de una vida; es un fenómeno que desgarra familias y comunidades. Desde el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE), como profesionales en el ámbito de la seguridad, queremos abogar por un enfoque que contemple no solo la protección de las mujeres, sino también la salvaguarda de los derechos y el bienestar de los menores que quedan atrás. La atención a las víctimas invisibles del feminicidio debe ser una prioridad en nuestra agenda, garantizando que el Estado asuma su responsabilidad de proteger a quienes, aunque no visibles, sufren las consecuencias más profundas de la violencia de género.
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