Tras meses de expectativa, el Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (Ley MAPE). Esta propuesta busca regular las actividades mineras de pequeña escala y artesanales, un sector que enfrenta el reto de formalizarse dentro de una industria marcada por la delgada línea entre la informalidad y la ilegalidad.
El proyecto de ley llega en un contexto crítico para la minería peruana, donde el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha sido señalado como un mecanismo ineficaz y permisivo. Según especialistas, la nueva normativa promete establecer condiciones claras para que los mineros pequeños y artesanales puedan operar dentro del marco legal vigente, priorizando la sostenibilidad y el respeto por los derechos humanos.
De acuerdo con Mayra Figueroa, directora general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el proyecto busca eliminar la obligatoriedad de estar inscrito en el REINFO. “Cualquier persona natural o jurídica podrá desarrollar actividad minera si cumple con las condiciones que establece la ley. Además, se establece un periodo de transición para que las direcciones regionales puedan tramitar los expedientes pendientes, lo que podría tomar hasta seis meses más 60 días adicionales”, explicó Figueroa en entrevista con RPP.
Entre las disposiciones principales, la Ley MAPE exige el uso de tecnologías limpias, el respeto a las normas ambientales y de seguridad, y prohíbe prácticas como el trabajo infantil y forzoso. También busca promover la sostenibilidad en un sector que ha sido históricamente cuestionado por sus impactos sociales y ambientales.
El proyecto ha sido recibido con cierto escepticismo. Darío Zegarra, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), criticó el REINFO por facilitar la infiltración de mineros ilegales en la industria. Según él, la ley llega en un momento oportuno para reforzar los mecanismos de formalización, aunque advierte que no resolverá los problemas estructurales de la minería ilegal.
Los principales desafíos que enfrenta la Ley MAPE son los siguientes:
La Ley MAPE tiene como objetivo formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales, pero enfrenta el reto de lograr que estos actores cumplan con los requisitos establecidos, considerando las barreras históricas para la formalización en el Perú.
Aunque busca reemplazar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), señalado como ineficaz y permisivo, la transición hacia un nuevo esquema regulatorio será compleja, especialmente para las direcciones regionales, que tienen plazos limitados para procesar los expedientes pendientes.
Existe una percepción errónea de que la Ley MAPE resolverá la problemática de la minería ilegal. Sin embargo, el proyecto no aborda directamente esta cuestión, lo que podría generar expectativas poco realistas entre los diversos actores del sector.
La obligación de adoptar tecnologías limpias y respetar las normas ambientales representa un desafío técnico y económico para los pequeños mineros, quienes podrían carecer de los recursos necesarios para cumplir con estas exigencias.
Garantizar que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y las direcciones regionales cuenten con los recursos humanos y financieros para supervisar el cumplimiento de la normativa será clave para el éxito de la ley.
Los plazos establecidos para procesar expedientes y emitir dictámenes legislativos, así como la inminente expiración del REINFO (31 de diciembre), generan presión sobre las autoridades y podrían comprometer la implementación efectiva de la normativa.
Parte del sector minero podría oponerse a la nueva normativa, ya sea por intereses económicos o por la percepción de que la Ley MAPE impone restricciones más estrictas que las que existían bajo el REINFO.
Estos desafíos reflejan la complejidad de regular un sector heterogéneo y altamente informal como el de la pequeña minería y la minería artesanal en el Perú.
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La Ley MAPE tendrá un impacto significativo en el sector minero, particularmente en la pequeña minería y la minería artesanal. Uno de los principales cambios es la facilitación del proceso de formalización.
Al eliminar la obligatoriedad de inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que ha sido criticado por su ineficacia y permisividad, se establecen condiciones más claras para que los mineros puedan operar dentro del marco legal. Esto permitirá a muchos pequeños mineros y mineros artesanales regularizar sus actividades sin depender de un sistema que, según los expertos, ha permitido la infiltración de actores ilegales.
Otro impacto importante será el impulso hacia una mayor sostenibilidad ambiental y social en el sector. La Ley MAPE promueve el uso de tecnologías limpias, el cumplimiento de normas ambientales y la prohibición del trabajo infantil y forzoso. Estas disposiciones buscan mitigar los impactos negativos que históricamente han acompañado a la minería artesanal, mejorando las condiciones de trabajo y reduciendo la huella ecológica de estas actividades.
Además, la normativa refuerza el papel del Minem como autoridad rectora en la supervisión de la pequeña minería y minería artesanal. Esto permitirá un mayor control estatal sobre estas actividades, asegurando que se cumplan los estándares establecidos. Sin embargo, también supone un desafío logístico y operativo para el Minem y las direcciones regionales, que deberán gestionar expedientes y garantizar el cumplimiento dentro de plazos específicos.
