Estados Unidos ha logrado que el caso de sus aranceles a las aceitunas españolas sea sometido de nuevo a arbitraje en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que retrasará la posible imposición de represalias comerciales por 35 millones de dólares anuales contra Washington, algo que hace una semana solicitó la Unión Europea al organismo con sede en Ginebra.
Estados Unidos "objeta los niveles de suspensión de concesiones y otras obligaciones" propuestos por la Unión Europea en su reciente solicitud de represalias, por lo que la cuestión será sometida a un nuevo arbitraje, indicó la OMC en una nota informativa.
A efectos prácticos, ello significará que la solicitud de represalias de la UE, que tendría inicialmente que haberse debatido el próximo lunes 25 de noviembre en la reunión mensual del órgano de resolución de diferencias de la OMC, finalmente no se incluirá en la agenda, lo que retrasará al menos un mes su deliberación.
La UE había solicitado la autorización de represalias a la OMC contra Estados Unidos por el incumplimiento de un dictamen de la organización que señala que los aranceles que cobra por la entrada de aceitunas españolas viola determinadas normas comerciales en vigor.
La UE defendía que el periodo que se había considerado razonable para que Estados Unidos cumpliera con ese dictamen expiró en enero de 2023 sin que cumpliera con sus obligaciones.
Concretamente, el Departamento de Comercio de EEUU redujo sus aranceles a las aceitunas negras españolas del 35 % al 31 %, lo que Bruselas consideró totalmente insuficiente.
Las aceitunas negras se utilizan en Estados Unidos principalmente para la elaboración de pizzas, y las exportaciones españolas del producto a esa economía ascendían a unos 70 millones de euros anuales, según cifras de 2017.
La UE ha concedido desde el principio de la disputa gran importancia a este conflicto comercial, ya que teme que una decisión de la OMC favorable a EEUU sea utilizada por este país para desafiar toda la política de subsidios agrarios de Europa que está bajo el paraguas de la Política Agraria Común (PAC).
