El Congreso de Nicaragua, dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó este viernes una reforma constitucional que otorga al gobernante Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, ahora oficialmente “copresidenta”, un control absoluto de los poderes del Estado. La medida, presentada a inicios de semana por el dictador, fue aprobada “por unanimidad”, según anunció el jefe parlamentario Gustavo Porras.
La reforma representa un cambio radical en la estructura del Estado nicaragüense, eliminando la independencia de poderes y estableciendo un modelo centralizado bajo la dirección de Ortega y Murillo. Analistas y organismos internacionales denuncian que esta medida consolida la “dictadura matrimonial” y convierte a Nicaragua en un Estado socialista y revolucionario.
OEA denuncia ‘aberrante dictadura matrimonial’ en Nicaragua
El texto aprobado redefine a Nicaragua como un Estado socialista y revolucionario, incorporando incluso la bandera rojinegra del FSLN como símbolo patrio, lo que excluye otros proyectos políticos, según la constitucionalista Azahálea Solís. Además, permite a Ortega y Murillo coordinar directamente los tres poderes del Estado (Legislativo, Judicial y Electoral), eliminando cualquier separación de funciones, según denunció el diario La Prensa.
Yader Morazán, exfuncionario judicial exiliado, describió la reforma como el establecimiento de una “Corea del Norte en América”. Por su parte, Salvador Marenco, abogado de derechos humanos, señaló que el cambio constitucional oficializa una dictadura que ya existía de facto en el país.
La figura de Rosario Murillo como “copresidenta” también redefine la sucesión presidencial. Dora María Téllez, excomandante guerrillera y opositora exiliada, asegura que esta reforma deja el poder en manos de Murillo y abre la posibilidad de que uno de los hijos del matrimonio presidencial, como Laureano Ortega Murillo, asuma el cargo de vicepresidente.
Laureano, conocido como el “delfín” del régimen, ha acumulado poder mediante negociaciones clave, como los acuerdos con China, y podría ser parte de la línea sucesoria diseñada por la familia Ortega-Murillo.
La comunidad internacional ha condenado la reforma. La Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó las medidas como una “aberrante institucionalización de la dictadura matrimonial” y una grave agresión al Estado de derecho democrático. Luis Almagro, secretario general de la OEA, instó a la comunidad internacional a intensificar la presión diplomática para restaurar la democracia en Nicaragua.
Por otro lado, analistas como Arturo McFields sostienen que Ortega busca blindarse ante la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Trump, junto con Marco Rubio como secretario de Estado, podría endurecer las sanciones internacionales contra el régimen nicaragüense.
Junto con la reforma, Ortega presentó una ley que sanciona a empresas y bancos que apliquen medidas internacionales, en un aparente intento de evitar un colapso económico. Según el exdiputado Eliseo Núñez, esta ley busca presionar al sector financiero para que interceda a favor del régimen.
El panorama en Nicaragua refleja un control absoluto sobre la sociedad, los medios de comunicación y las instituciones, consolidando un modelo de poder que deja poco espacio para la oposición y los derechos democráticos. La comunidad internacional observa con atención los próximos movimientos del régimen Ortega-Murillo.
