Toda víctima cuyo abusador haya fallecido o su caso haya prescrito, y que acuda a la comisión asesora creada por la Iglesia, recibirá la indemnización que se dictamine. No habrá lugar a un impago. Así lo certificó hoy el secretario general de los obispos españoles, César García Magán, que subrayó la existentica de una «doble garantía» de pago. No se trata de una cuestión menor, sobre todo teniendo en cuenta ni la Conferencia Episcopal Española ni la Conferencia Española de Religiosos (Confer) tienen poder coercitivo alguno sobre las diócesis o sobre las congregaciones. O lo que es lo mismo, el comité de once expertos, que se ha puesto en marcha en septiembre y que están encargada de baremar qué cuantía, pensión, servicio psicológico o espiritual, carece de instrumentos para obligar a que un obispo o un provincial asuma esa partida económica. Así pues, si por cualquier circunstancia, el pastor o el superior mayor discrepara de esa resolución final o no tuvieran recursos financieros para afrontar la decisión adoptada, podría generarse un impago ante las víctimas que finalmente no será tal.
En la rueda de prensa con motivo de la Asamblea Plenaria de otoño de los obispos que se ha celebrado esta semana en abril, el también obispo auxiliar de Toledo explicó que tanto el Episcopado como la Confer «estaría detrás para responder» ante esta casuística. Al paso, confirmó que «las diócesis y congregaciones están pagando todas las indemnizaciones ya impuestas por vía civil y canónica».
«Queremos hacer un tratamiento personalizado a lo que cada víctima demande y quien quiera un acompañamiento psicológico ofrecérselo, quien necesite un tratamiento médico psiquiátrico, ofrecérselo, quien quiera también, respetando la libertad de cada uno, un acompañamiento espiritual lo tendrá y, por supuesto, quien quiera esa reparación económica también la tendrá», expuso el secretario general, que entonó un nuevo ‘mea culpa’: «A lo mejor hemos llegado tarde en la Iglesia, pero hemos iniciado un camino que otros todavía no lo han hecho». A partir de ahí, verbalizó que «el problema de los abusos a los menores es un problema social y eso el Defensor del Pueblo lo ha dicho por activa y por pasiva, todos tenemos que asumir un compromiso para erradicar esta lacra».
Con este asunto por delante, la lacra de los abusos ha formado parte de la agenda de los prelados en estos días de trabajo conjunto. Así el servicio de coordinación de las oficinas de atención a las víctimas de cada diócesis habría dado cuenta a la Plenaria de los avances en materia formativa. De hecho, se calcula que en estos dos últimos años habrían recibido formación en materia de prevención a 400.000 personas vinculadas a entornos eclesiales, 280.000 de ellas serían menores en colegios. Aun así, García Magán insistió ayer en la necesidad de crear «una red de trabajo conjunto para salvaguardar al menor».
Lo cierto es que, a la vez que los obispos abordaban la crisis de la pederastia en la calle Añastro, en el Congreso de los Diputados este jueves el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentaba su informe antiabusos, un año después de su publicación. Una vez más, García Magán avaló las conclusiones del estudio elaborado por Gabilondo y reiteró que «la Iglesia ha dado muchos pasos, ha iniciado un camino y ha asumido muchas de las indicaciones del informe». En relación con el debate entre los grupos parlamentarios, el portavoz se limitó a ironizar con la ausencia de los miembros del Gobierno en el Pleno, después de que el propio presidente Pedro Sánchez se erigiera como abanderado de la causa: «Creo que la bancada azul estaba vacía», deslizó Magán.
Preguntado por la petición para que los delitos de abusos a menores no prescriban, defendió que «la ley canónica ya prevé el levantamiento de prescripció». «Nosotros no tenemos que decirle al Estado si debe levantar la prescripción o no y el Estado no tiene que decirnos a la Iglesia si tenemos que levantar la prescripción o no», apostilló.
