Foto de archivo de Jair Bolsonaro
La Policía Federal de Brasil investiga a Jair Bolsonaro y a otras 36 personas por “abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”. Las pesquisas se centran en un posible complot para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia.
La investigación, que abarca un amplio espectro de acciones y reuniones, ha reunido seis piezas clave de evidencia que vinculan al ex presidente con el plan. Cabe recordar que el asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia se produjo el 8 de enero de 2023, cuando partidarios del expresidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, invadieron los edificios de los tres poderes brasileños en un intento de derrocar al entonces electo mandatario, Luiz Inácio Lula Da Silva.
Entre las evidencias, se destacan las reuniones de Bolsonaro con altos mandos militares. En una reunión en el Palacio de Alvorada el 7 de diciembre de 2022, presentó un plan para declarar un estado de sitio y crear una comisión para investigar las elecciones de 2022.
Los generales Marco Antônio Freire Gomes y Carlos de Almeida Baptista Júnior corroboraron la existencia de esta propuesta, que se presentó pocos días después de la derrota electoral de Bolsonaro. La investigación analiza la naturaleza y el alcance de estas conversaciones, así como el posible rol de los militares en el plan.
Se encontraron borradores de decretos en la casa del ex ministro de Justicia, Anderson Torres. Estos documentos, algunos con la fecha de 2022 y con menciones a Bolsonaro, planteaban intervenciones en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la posibilidad de nuevas elecciones.
A pesar de no estar firmados ni oficializados, la investigación sugiere que Bolsonaro los revisó y solicitó modificaciones antes de dejar el cargo. Se analiza su contenido y el alcance de la participación del ex presidente en su elaboración.
La investigación también revela un documento titulado “Daga Verde-Amarela”, que detalla un plan para asesinar a figuras clave como Lula da Silva, Geraldo Alckmin y Alexandre de Moraes. El seguimiento de Moraes, clave en la supervisión electoral, habría sido dirigido por Mário Fernandes, con la participación del teniente coronel Mauro Cid. La Policía Federal cree que el objetivo era secuestrar y asesinar al magistrado. Se investiga la cadena de mando y la viabilidad del plan.
Los documentos relacionados con el plan “Daga Verde-Amarela” fueron impresos en el Palacio de Planalto, utilizando recursos estatales. El general Mario Fernandes realizó seis copias el 16 de diciembre de 2022, que luego fueron distribuidas en reuniones privadas. Al día siguiente, visitó el Palacio de Alvorada, presuntamente para presentar el material a Bolsonaro y otros colaboradores. Esto revela el uso de recursos públicos para el complot.
Antes de las elecciones, Bolsonaro se reunió con miembros de su gabinete en el Palacio de Planalto para discutir estrategias en caso de derrota. Augusto Heleno, jefe de la Oficina de Seguridad Institucional, sugirió “cambiar la situación” antes de los comicios. Mário Fernandes propuso “un pequeño riesgo de desorganizar el país” si no se permitía la intervención en la supervisión electoral. Se investiga si estas propuestas constituían un plan premeditado.
El Partido Liberal (PL), liderado por Bolsonaro, difundió narrativas sobre fraude electoral. Estas acusaciones culminaron en una demanda para invalidar los resultados electorales.
El comité de campaña de Bolsonaro fue utilizado para promover acciones que alentaban la intervención militar. Se estudia el rol del partido en la difusión de la desinformación y en el intento de deslegitimar el proceso electoral.
