Luego de confirmarse la sentencia de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por el caso Waykis en la Sombra, varios miembros del gabinete ministerial expresaron sus opiniones al respecto. Como era previsible, la mayoría de los integrantes brindaron apoyo al prófugo hermano presidencial. En La República se recopilaron las declaraciones emitidas por cada uno de los titulares del Consejo de Ministros que se han pronunciado al respecto.
Uno de los más enérgicos al pronunciarse sobre la situación legal del hermano de la mandataria fue el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén. El primer ministro afirmó que la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho responde a "motivaciones políticas" y busca forzar la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia: "Tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política. (…) Hay una afiebrada idea de que existe una organización criminal, y a partir de eso, pretenden promover una presunta incapacidad moral de la presidenta de la República que podría conducir a su vacancia", expresó.
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Otro de los ministros que defendió a los hermanos Boluarte fue el titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini. El ministro, quien enfrenta una moción de censura impulsada por el Congreso debido al caso Qali Warma, aseguró que la decisión tomada contra el hermano presidencial intenta "mellar la voluntad" de la presidenta, presionándola para que deje su cargo: "Se busca mellar la voluntad de la presidenta y forzarla, desde un enfoque político, a renunciar o dar un paso al costado. Ella no lo hará. Está comprometida con el Perú y con su labor de encaminar al país hacia la senda correcta del desarrollo", declaró.
El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, manifestó que la clandestinidad de Nicanor Boluarte no debería repercutir en el Poder Ejecutivo. Fiel a la línea del gabinete, intentó desviar la atención sobre su jefa al minimizar el hecho: "Es un tema que no nos compete a los ministros y que no afecta nuestra gestión porque solo involucra al señor Nicanor Boluarte", afirmó.
Por su parte, Daniel Maurate, ministro de Trabajo, evitó pronunciarse sobre el caso y señaló que la decisión corresponde exclusivamente al sistema de justicia. Sin embargo, llamó a garantizar el derecho a un "juez imparcial": "No puedo opinar sobre una persona que está en manos de la justicia. Es la justicia la que debe decidir y pronunciarse sobre el tema. (…) Como peruano, sí puedo hacer un llamado a que en nuestro país se respeten los derechos fundamentales, como la predictibilidad del Poder Judicial, la garantía de un juez imparcial, el debido proceso y la presunción de inocencia", indicó.
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Durich Whittembury, titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, también opinó sobre el caso. Según el ministro, la prisión preventiva contra el prófugo coincidió estratégicamente con el cierre del Foro APEC, con el propósito de restar mérito a la gestión de Dina Boluarte durante el evento: "La semana pasada estábamos terminando el Foro APEC, un evento muy importante que toda la prensa difundió y nuestros ciudadanos pudieron conocer. (…) Sin embargo, no existen coincidencias: el mismo día se inicia la lectura de prisión preventiva. (…) Exigimos una justicia que no sea politizada", expresó.
Finalmente, Úrsula León, ministra de Comercio Exterior y Turismo, manifestó su preocupación por la resolución judicial, argumentando que el proceso podría seguirse en libertad y que la decisión estaría motivada únicamente por el parentesco con la presidenta: "La emisión de esa resolución preocupa, no solo como ministra, sino como ciudadana. (…) Un ciudadano que puede seguir su proceso en libertad es enviado a prisión solo por ser hermano de la presidenta". Además, reiteró que el objetivo de esta decisión sería promover la renuncia de Dina Boluarte: "(…) Cuando la justicia se politiza, realmente preocupa, porque el objetivo es la presidenta y que se difundan voces de una vacancia o una incapacidad para gobernar, lo cual no es así", concluyó.
El lunes 18, Nicanor Boluarte no asistió a la audiencia reanudada a las 9:00 a. m. por el juez Richard Concepción Carhuancho. En dos ocasiones, el magistrado pidió confirmar la presencia del procesado; sin embargo, su abogado, Luis Vivanco, declaró que no había logrado comunicarse con él y desconocía su paradero. Al día siguiente, Boluarte tampoco se presentó virtualmente a la audiencia y continuó sin responder las llamadas de sus abogados, Luis Vivanco y Joseph Campos.
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En este contexto, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron asignados para vigilar los movimientos de Boluarte desde su residencia en San Borja y reportar cualquier salida. No obstante, esta tarea parece no haberse ejecutado correctamente, ya que su paradero es desconocido desde su última aparición en una audiencia. Juan José Santiváñez, ministro del Interior y exabogado del implicado, aseguró no tener información sobre su ubicación actual.
