El pleno del Congreso de la República ha dado un paso significativo al aprobar un dictamen que amplía la vigencia del pasaporte electrónico a 10 años para los ciudadanos peruanos que residen en el extranjero. Esta medida, que busca facilitar el acceso a documentos de identidad, fue respaldada por una amplia mayoría en la votación.
Con 95 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, la iniciativa fue aprobada en primera votación y exonerada del trámite de segunda votación. La modificación se enmarca dentro de la Ley 31678, que regula el Decreto Legislativo 1350 sobre Migraciones, y tiene como objetivo principal mejorar la situación de más de 4 millones de peruanos que viven fuera del país.
La propuesta establece que las oficinas consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores serán las encargadas de emitir los pasaportes electrónicos con una vigencia de 10 años. Este cambio no solo beneficiará a los peruanos en el exterior, sino que también busca garantizar la igualdad de derechos en el acceso a documentos oficiales.
El dictamen aprobado modifica la disposición complementaria transitoria única de la Ley 31678, lo que permite que los pasaportes electrónicos ordinarios sean entregados por la Superintendencia Nacional de Migraciones en territorio nacional y por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el extranjero. Esta medida se implementará al finalizar la expedición de los pasaportes actuales, que tienen una vigencia de 5 años.
La nueva normativa reducirá los costos, trámites y desplazamientos frecuentes a más de 4 millones de peruanos que residen en el extranjero, lo que facilita el acceso a connacionales que viven en el extranjero con dificultades para llegar a los consulados.
La congresista Adriana Tudela Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, destacó la importancia de esta medida al señalar que busca que los compatriotas en el exterior reciban su pasaporte con la misma vigencia que se otorga en Perú.
El legislador Jorge Zeballos Aponte, autor del proyecto de ley, enfatizó que la propuesta se fundamenta en el principio de equidad y en la necesidad de no restringir los derechos de los peruanos que viven fuera del país.
