Los obispos evitan valorar la petición del Defensor del Pueblo de constituir un fondo de indemnización supervisado por el Estado, aunque sacan pecho de su labor: "La Iglesia ha hecho un camino, a lo mejor hemos llegado tarde, pero hemos hecho un camino que otros no han iniciado"
El Defensor del Pueblo denuncia que la Iglesia ocultó abusos y pide un fondo estatal para indemnizar a las víctimas
“Quien quiera una reparación económica, la tendrá”. El portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, se ha mostrado rotundo en las respuestas de la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria del Episcopado español, un cónclave que se ha celebrado la misma semana en que las víctimas de abusos han otorgado sus premios de protección a la infancia, y en la que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó su informe antipederastia ante el pleno del Congreso.
En el informe Gabilondo se propone crear un fondo de reparación para víctimas de abusos sexuales en entornos religiosos, costeado por la Iglesia y bajo supervisión del estado, una medida que cuenta con el aval de la práctica totalidad de la Cámara (a excepción de VOX). García Magán fue preguntado hasta en dos ocasiones por este fondo, pero evitó contestar con claridad. Sí sacó pecho el portavoz para mostrar una doble garantía de cobro (primero, a través de las instituciones donde se produjeron los abusos –diócesis o congregaciones–, y, si esto falla, vía Conferencia Episcopal o la Conferencia Española de Religiosos). También para señalar los pasos dados por otras instancias.
“Es evidente que el tema de los abusos a menores es un problema social”, ha explicado Magán, quien además ha incidido en que “todos debemos hacer un compromiso por luchar contra esta lacra”. “La Iglesia ha hecho un camino, a lo mejor hemos llegado tarde, pero hemos hecho un camino que otros no han iniciado. Estamos dispuestos a aportar nuestra experiencia”, ha subrayado.
Sobre la posibilidad de que, por fin, las víctimas puedan ser recibidos por la Asamblea Plenaria, Magán ha evitado contestar, señalando que “en el tema de las víctimas queremos ser tremendamente delicados” y “no vamos a decir nunca si les hemos recibido. Eso que lo digan ellos”. Sí ha apuntado que hay víctimas en la Comisión Asesora de Reparación, algo que, cuando menos, es inexacto: si bien está en ese órgano una persona que ha sido víctima, no lo hace en representación de estas, sino de una asociación que trabaja con ellas.
Los obispos también entraron a valorar los contenidos de la ponencia del próximo Congreso Federal del PSOE, en el que, entre otros puntos, se aboga por la derogación del Acuerdo educativo con la Santa Sede. En este punto, el portavoz de la CEE lamentó que los socialistas “saquen a pasear el espantajo de la denuncia de los Acuerdos de 1979”, recordando que “se trata de acuerdos internacionales” que no se pueden romper “unilateralmente”.
El obispo auxiliar de Toledo, en cambio, sí se mostró a favor de otra de las propuestas: la apertura de la X de la casilla de la Renta –por la que los ciudadanos pueden decidir que parte de sus impuestos se utilicen para la iglesia o para ONGs– a otras realidades, como “la investigación científica y médica,” “la lucha contra el cambio climático,” o “la ayuda a los más necesitados en España”.
“Está muy bien. Es un ejercicio de fiscalidad democrática que se pregunte a los ciudadanos si quiere que un porcentaje de impuestos vaya a una realidad o a otra”, recalcó Magán. “Yo creo que es bueno, y a ese ejercicio se somete la Iglesia cada año. Es un sondeo real, no una proyección de una encuesta”.
Finalmente, el portavoz de la CEE avaló el 'tirón de orejas' del presidente Argüello a la clase política durante su discurso de apertura, un discurso “para releer y meditar”, en el que el líder de los obispos “hace una llamada a la altura moral de la sociedad”. “Hay que reivindicar la nobleza del arte de la política”, concluyó Magán.
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