La Junta de Andalucía unificará todos sus parques tecnológicos bajo una sola marca: Andalucía Techpark. De ese modo, el PCT Cartuja pasará a llamarse Sevilla Techpark, en lugar de PCT Cartuja, según ha anunciado este viernes el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, en el transcurso de la presentación de l a revista Andalucía I+D+i en la Casa de ABC, con el patrocinio de la empresa Hidralia. El consejero ha expresado la necesidad de trabajar con agentes intermedios, como los centros de tecnología, los clústeres de innovación o los parques tecnológicos. «Dos de los tres primeros parques de España están en Andalucía, uno -ha dicho- en Sevilla y otro en Málaga, siendo el PCT Cartuja el primero del España». Al respecto, ha anunciado que «vamos a firmar un protocolo para ayudar a poner en valor los parques tecnológicos, no sólo hacia dentro, sino también hacia fuera, con una marca común que sería 'Andalucía Tech Park' y luego tendríamos Sevilla Tech Park Cartuja, Córdoba Tech Park Rabanales... Todo ello facilitaría además de la colaboración, la reducción de costes». Por otra parte, en el acto de presentación, conducido por el periodista Luis Montoto, el consejero ha propugnado hoy la necesidad de un cambio normativo para que a los investigadores se les compute, y por tanto no les perjudique, la colaboración con el sector empresarial, lo que incrementaría las actividades de I+D+i y su transferencia a las compañías. Ha recordado que actualmente a los investigadores se les evalúa por sus publicaciones científicas y no por la colaboración con el sector empresarial, que da lugar a innovación. Como ejemplo, Gómez Villamando ha citado la evaluación de un médico que sea profesor de la Universidad: «no se le tiene en cuenta su experiencia como cirujano, oncólogo o internista, lo cual es un craso error porque podemos tener a alguien con un currículo brillante desde el punto de vista académico pero desde el punto de vista asistencial tenga deficiencias. El cambio tiene que venir desde el Gobierno central. Se han hecho algunos experimentos pero no han salido nada bien por parte del actual Ejecutivo». Además, este catedrático de la Facultad de Veterinarios de Córdoba, exrector de la Universidad de Córdoba, defiende cambios en el ámbito autonómico. «A nivel andaluz -ha indicado- ya hemos hecho una simplificación administrativa entre un 90 y un 95%, tanto en documentos como en procedimientos». En este sentido, ha afirmado que «estamos redactando una ley para el avance de la ciencia, la innovación y la tecnología e n Andalucía, orientada a fomentar la colaboración pública-privada. Con la Ley de Universidades, que en breve entrará en el Parlamento, que el profesorado universitario y de centros públicos de investigación se puedan incorporar al sector empresarial en el ámbito de la I+D+i, sin que eso suponga una desvinculación de la Universidad. Hasta ahora, eso generaba problemas de incompatibilidades». «Estamos rediseñando totalmente la estructura de la investigación en Andalucía, que tiene más de 30 años y que hace 20 años se quedó pasada. En la nueva estructura se incorporan unidades de excelencia bien financiadas y a las que se incorporarán centros tecnológicos, clústeres de innovación...», ha añadido. Aunque ahora el 64% de la inversión en I+D+i es pública, sobre todo proveniente de la Universidad, el consejero ha subrayado que ha crecido un 9% y un 14% en el sector privado supera el 14%. «La Administración es tractora de la actividad de investigación en el sector privado», precisa Gómez-Villamando. La macro agencia pública Trade ha sacado ya sus incentivos y la Consejería de Universidad las sacará en enero, habiendo proyectos de desarrollo industrial y experimental, y se pide que haya al menos una pyme, un agente del conocimiento y puede que una gran empresa. En cuanto a las estadísticas sobre inversión en I+D +i, el consejero ha planteado la posibilidad de que el Centra haga a nivel andaluz una encuesta para medir la inversión en I+D+i porque muchas veces la innovación en empresas de Andalucía se computan a la matriz que tiene su sede en Madrid. Si no se hiciera así, podríamos tener mejores datos, ha asegurado. Sobre la compra pública innovadora, que permite a las administraciones licitar productos o servicios que no están en el mercado para que lo desarrollen empresas, Gómez Villamando ha afirmado que son 90 millones de euros lo que van a poner en carga con el programa Feder. «Hay 50 proyectos encima de la mesa», tanto en el sector aeroespacial, medioambiental, gestión del dato, movilidad o agroalimentario. Ha apuntado el consejero un problema para sacar adelante los contratos de compra pública innovadora. «Habría que innovar en sus procedimientos porque son largos y tediosos. Pueden pasar dos años hasta que se licita» ha dicho este catedrático, que ha instado también a la modificación de la Ley de Contratos del sector público. En cuanto a la nueva Ley de Ciencia, ha recordado que la estatal es de 2011, modificada en 2021, y última normativa andaluza es de 2013. «Andalucía fue pionera hace treinta años en poner en marcha los grupos de investigación, copiado después por otras comunidades. Sin embargo, ese modelo ya está obsoleto y hay que evolucionar hacia un modelo que busque más la excelencia y la calidad». El expresidente de la Conferencia de Rectores de España (CRUE) ha defendido que «tenemos un sistema universitario muy potente. De las nueve universidades públicas andaluzas, siete están en el 5% de las mejores universidades del mundo. Hay que trabajar con ellas para que vayan subiendo escalones. No es sólo cuestión de dinero, como dirían los rectores porque piden más financiación, sino también de políticas, aprovechando todas las herramientas que tienen para que hagan buena política de personal y en ámbito de la I+D+i».
