La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal en la operación Lucendi, que ha resultado en la detención de cuatro miembros de una misma familia, acusados de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico. Los detenidos son responsables de la explotación laboral de un hombre durante 17 años, un caso que ha impactado por la gravedad de las condiciones a las que fue sometida la víctima.
El caso comenzó en 2009, cuando la familia de la víctima denunció su desaparición en 2003, alegando que había perdido todo contacto con él y que enfrentaba graves problemas médicos y económicos. La investigación llevó a la Guardia Civil a localizar al hombre en marzo de 2024 en Caparroso, Navarra, tras años de haber estado viajando con una familia de feriantes desde 2007. Este hombre, pese a ser titular de varias ayudas económicas como la prestación por desempleo y una pensión, no tenía acceso a su propio dinero. Se descubrió que otra persona retiraba el dinero de una cuenta bancaria a nombre de la víctima.
La investigación reveló que el hombre había estado sometido a un régimen de explotación extrema. La víctima, quien había sido tratada como un esclavo, fue obligada a realizar tareas agotadoras como limpiar, poner lavadoras, y mantener las atracciones de ferias, sin recibir ninguna remuneración. Además, no tenía acceso libre a la comida ni a la bebida, comía separado de los demás y dormía en condiciones precarias en la cabeza del camión que usaban en las ferias. En cuanto a su higiene personal, debía ducharse en la vía pública utilizando una manguera del camión. El acceso al baño del remolque de la familia estaba reservado exclusivamente para ellos. En sus desplazamientos a Portugal, la víctima dormía en un garaje y vivía en un aislamiento total, sin acceso a televisión, teléfono, ni la posibilidad de salir sin ser vigilado.
La víctima también fue víctima de intimidación y agresión por parte de algunos miembros de la familia, quienes controlaban su documentación personal, incluida su tarjeta sanitaria y su DNI, y desconocía que había estado recibiendo prestaciones a su nombre durante años, lo que permitió a la familia beneficiarse de más de 100.000 euros.
Como resultado de la operación, se realizaron varios registros, incautando más de 120.000 euros en efectivo, documentos relacionados con las prestaciones fraudulentas solicitadas a nombre de la víctima, y otros objetos personales de la misma. La víctima se encontraba completamente dependiente de sus explotadores, quienes le proporcionaban comida y, en ocasiones, ropa.
El caso ha sido investigado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Bizkaia y dirigido por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Tafalla, con la colaboración de diversos grupos y equipos de la Guardia Civil. Las investigaciones siguen abiertas, y no se descartan más detenciones.
