La principal preocupación de los españoles son los problemas políticos, la vivienda ocupa el segundo lugar, según el estudio, llegando a preocupar a un 22,5% de los encuestados, un porcentaje similar con respecto a octubre (22,7%). La crisis y los problemas económicos derivados por la misma suponen la tercera mayor preocupación para España, afectando al 21,9% de los participantes. Le sigue el paro, con un 21,3%, según los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El aumento de precios, los alquileres y la dificultad para acceder a comprar un piso son algunos de los problemas de la vivienda, pero otro muy importane es la 'okupación'. De acuerdo con el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior, se registraron un total de 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles en España en el año 2023. Para reducir los plazos a la hora de resolver estos problemas está en marcha una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La nueva reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal consiste en añadir los delitos de usurpación de morada, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, y de allanamiento de morada, en el artículo 202 del Código Penal, para que estos pasen a tramitarse en los juicios de procedimiento abreviado, es decir, los 'okupas' serán juzgados en un plazo máximo de 15 días desde su puesta a disposición judicial y los procesos de desahucio serán más rápidos.
El cambio solo afectará a los 'okupas' que cometan los delitos de usurpación o allanamiento de morada, es decir, si un inquilino con contrato previo, no se marcha después del vencimiento del mismo, no se regirá por este proceso. Este tipo de 'okupaciones' se seguirán juzgando por el procedimiento habitual al no ser un delito flagrante (se puede considerar simplemente morosidad).
Esta ley se cambia para luchar ante técnicas como la del pedido de una pizza, que consiste en que los ocupantes ilegales piden una pizza en la dirección que seleccionaron para asaltar. Detienen al repartidor en el portal o el descansillo de la escalera y pagan la pizza. Tras ello, desaparecen durante un par de días. Al cabo de cuatro días 'okupan' la casa.
El desalojo se seguirá efectuando tras realizarse un juicio, no de manera inmediata tras la denuncia. La diferencia es que estos juicios se tramitarán mediante un procedimiento abreviado, que podrá dilatarse como máximo 15 días. Puede haber demoras por la alta ocupación de los juzgados y la falta de personas para cubrir todos los expedientes, pero una vez comience el proceso no superará los 15 días mencionados. El desahucio se realizará de forma inmediata tras la sentencia, sin estudio de vulnerabilidad.
Este cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. propuesto por el PNV, ya ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados, pese a la oposición del Gobierno. El texto se ha enviado al Senado, que dispone del plazo de dos meses que establece la Constitución para debatir la propuesta, que se espera que sea aprobada, ya que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. Si no se presentan enmiendas en el Senado, en un plazo de quince días, Su Majestad el Rey, como Jefe del Estado, debe sancionar, promulgar y ordenar la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado.
Las opiniones sobre esta propuesta del PNV son muy diversas, de hecho, se consiguió aprobar por "un error injustificable". La enmienda contó con el apoyo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, Bildu y ERC. La oposición llegó por parte de PSOE, Sumar, Podemos y BNG. Vox se abstuvo en la votación.
Bildu y ERC apoyaron la reforma por error, como reconoció la formación vasca mediante un comunicado. En el mensaje, Bildu se disculpó ante sus votantes prometiendo que buscará vías para corregir lo que han calificado como "un error injustificable". El error se produjo a raíz de una interpretación equivocada de la iniciativa emitida por el PNV.
