Las negociaciones de la conferencia de la ONU sobre cambio climático en Bakú, la COP29, llegan a su recta final este viernes, cuando se cumple el límite oficial para alcanzar un acuerdo sobre financiación.
Tras un primer borrador que causó decepción general entre delegados y oenegés, la presidencia azerbaiyana de la COP29 prometió presentar un segundo texto en torno al mediodía (08H00 GMT), pero pasada esa hora no se había publicado.
La presidencia indicó que se realizaron consultas "hasta altas horas de la madrugada" e instó a las partes a "continuar colaborando [...] con el objetivo de presentar propuestas puente" para lograr un consenso.
En los pasillos del estadio de la capital azerbaiyana, se escucharon críticas de negociadores y oenegés por la gestión de la conferencia, en la que participan unos 200 países, tras casi dos semanas de encuentros.
"Es la peor COP de la historia reciente", apuntó Mohamed Adow, de Climate Action Network.
A los negociadores solo les quedan unas horas para establecer cómo financiar un billón de dólares anuales de ayuda climática para los países en desarrollo, para que construyan centrales solares, inviertan en irrigación o protejan ciudades contra las inundaciones.
La cuestión es saber hasta qué punto están dispuestos a comprometerse los países desarrollados, históricamente más contaminantes y, por ende, responsables del cambio climático.
Para Diego Pacheco, negociador jefe de Bolivia, la solución "tiene que salir ahora, este es un tema que ya se ha postergado varios años, este es el momento".
"El flujo es de país desarrollado a país no desarrollado, el marco del Acuerdo de París", dijo Pacheco a AFP. "Esa es la opción: Financiación pública, porque lo otro, lo privado, no se sabe qué es, dónde está".
El proyecto presentado la víspera, y que se topó con un rechazo general, incluía dos opciones, diametralmente opuestas, que respondían, de un lado, a las exigencias de los países en desarrollo y, de otro, a las de los países ricos.
La primera preveía que el dinero proviniese exclusivamente de las naciones desarrolladas, y la segunda proponía "aumentar" las finanzas mundiales contra el calentamiento global a partir de "todas las fuentes de financiación" procedentes de todos los países.
Sin embargo, el borrador no precisaba las cifras de las contribuciones, limitándose a apuntar que las cantidades aportadas deberán ser del orden de "billones" de dólares.
"Lo que estamos viendo realmente aquí es una brecha en la voluntad política de los países desarrollados", señaló Mariana Paoli, de la organización Christian Aid.
Unos 80 países del grupo AILAC (Asociación Independiente de América Latina y el Caribe), África y las islas reclamaron "como mínimo" 1,3 billones de dólares al año a los países ricos.
El enorme grupo de países G77+China exigió "al menos" 500.000 millones de dólares anuales para 2030.
"Todo lo que pedimos es solo el 1% del PIB mundial. ¿De verdad es eso pedir demasiado para salvar vidas?", sostuvo el jueves el negociador de Panamá, Juan Carlos Monterrey Gómez.
El tiempo apremia entre reunión y reunión y los ánimos están caldeados. Varios activistas denunciaron un "bloqueo" por parte de los países ricos que socava el avance de las tratativas.
Eduardo Giesen, director para América Latina de la Campaña Global para Exigir Justicia Climática (DCJ, por sus siglas en inglés), consideró que "los países del Sur, e incluyo a nuestros gobiernos de América Latina, tampoco han estado realmente a la altura".
"No solo por no ponerse de acuerdo entre sí, sino [porque] siguen aferrados a un modelo de dependencia respecto del norte", explicó a AFP, aludiendo a "soluciones falsas" como los mercados de carbono o los bonos verdes, que "hipotecan la soberanía de los territorios y permiten que los países del norte sigan evadiendo su responsabilidad de reducir sus emisiones" de gases con efecto invernadero.
La próxima COP se celebrará en la ciudad brasileña de Belém el año que viene, una cita importante para la región.
"Podemos tener una hoja de ruta hacia Brasil donde podamos plantear cómo podemos recaudar ese dinero público para cerrar la brecha", sostuvo la ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad.
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