La comparecencia del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados dio para mucho, pero sobre todo para marcar distancias con el Gobierno del que formó parte varios años. Y el punto que demostró ese alejamiento fue la aprobación del nuevo impuestazo a la banca durante tres años más, del que aseguró que, "si se quiere ser neutral" en cuanto a sus efectos, "debería ser cuidadoso con la progresividad" y evitar perjudicar a la financiación de las pymes.
Aunque Escrivá dijo que no corresponde al organismo pronunciarse sobre si debería o no aprobarse ese impuesto, sí que criticó que lo "deseable" es que sea neutral "respecto a determinados negocios bancarios". También recordó que es el Banco Central Europeo (BCE) es el que tiene que dar su opinión sobre el impuesto, como ya lo hizo en noviembre de 2022 con el diseño anterior del impuesto -que juzgó con dureza-, y se mostró especialmente contrariado con que el Gobierno ni siquiera haya solicitado al Banco de España una contribución al diseño del nuevo tributo. "Nos podían haber consultado, pero no ha sido así", espetó.
No quiso entrar a valorar a quién gravar, cómo gravar y cómo se redistribuye la riqueza, "porque es una cuestión que depende del legislador", pero Escrivá señaló que sí puede abordar la cuestión de lo que le parece deseable para que el impuesto "no tenga efectos indeseados y no buscados". Por ello, reclamó al Ejecutivo que este nuevo impuesto no afecte a los servicios del negocio bancario para las empresas con mayor riesgo, como es el crédito a pequeñas y medianas empresas, que tienen menos opciones de acceso a financiación que las grandes compañías, pero un mayor riesgo de impago. "Dado que es un negocio algo más arriesgado, los bancos provisionan más y, por lo tanto, en la parte de provisiones hay más colchón para ese riesgo. Es deseable que, en el diseño de un impuesto de estas características [que grava los ingresos de la banca] se netee de las provisiones que hay por debajo, con independencia de la capacidad de recaudación agregada, que es totalmente legítima".
Especial preocupación mostró porque determinadas inversiones que tienen que acometer las entidades bancarias españolas queden sin ejecutarse, como en cuestiones de tecnología, y se vean penalizadas por el impuesto. "Esto nos lleva a pensar en una base imponible que esté más orientada a una parte baja de la cascada -de la cuenta de resultados- que más arriba. Creo que estos elementos no cuestionan para nada lo que quiere gravarse de un determinado sector, donde a nosotros nos cuesta entrar, pero sí conviene tenernos en cuenta para que el diseño del impuesto no tenga efectos no buscados".
En este sentido, el gobernador ha alertado de que en un mundo con negocios mayoristas e internacionales crecientes, los bancos españoles tienen que hacer esfuerzo en inversiones en tecnología para que no pierdan "tracción" en España ni fuera y las entidades españolas puedan estar en condiciones de participar, llegado el momento, en fusiones europeas. "Es importante que esas inversiones no se vean penalizadas", por lo que señaló que el impuesto a la banca "no debería gravar los ingresos", tal y como se ha aprobado.
El gobernador ha defendido que todo lo que tiene que ver con elementos retributivos de a quién gravar y a quién se deja de gravar tiene que decidirse "en el ámbito democrático" porque tiene efectos redistributivos, para reconocer que los bancos centrales están "muy limitados" para opinar al respecto. Aun así, recordó que el Tratado de la Unión Europea establece que cualquier normativa de un país que afecta a los bancos requiere de la opinión del BCE, por lo que Escrivá supone que se pronunciará si el impuesto se hace permanente.
