En un giro trascendental en la política internacional, varias países europeos, entre ellos Italia y Países Bajos, han declarado su intención de detener a los líderes israelíes Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant tras la emisión de órdenes de arresto por la Corte Penal Internacional (CPI). La decisión se da en el contexto de las acusaciones por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en relación con la reciente guerra de Israel contra Hamás en Gaza.
La CPI, cuyo mandato abarca crímenes de guerra, genocidio y otros delitos graves a nivel internacional, emitió órdenes contra Netanyahu, primer ministro de Israel, y Gallant, ministro de Defensa. Según el estatuto del tribunal, los 124 países firmantes, incluidos los de la Unión Europea, tienen la obligación de cumplir estas órdenes, lo que implica que ambos políticos podrían ser arrestados si visitan cualquiera de estos países.
La respuesta de Europa ha sido rápida y contundente. Italia, a través de su ministro de Defensa, Guido Crosetto, reafirmó su compromiso con el respeto a las normas de la CPI, dejando claro que una detención no sería una decisión política, sino el cumplimiento de una obligación legal. “No se trata de una elección política, sino de una responsabilidad legal como país miembro de la CPI”, señaló Crosetto en una entrevista con la televisión estatal RAI. En sintonía con Italia, los Países Bajos también declararon que acatarían las órdenes de la CPI.
El primer ministro húngaro Viktor Orban, en cambio, subrayó que considera que la orden es errónea y que "desacredita el derecho internacional y también puede echar más leña al fuego". En este sentido, invitó a Netanyahu a Hungría, desafiando a la CPI. Las instituciones internacionales no están actuando con prudencia a la hora de tomar decisiones, enfatizó. "No hay otra alternativa que oponerse a esta decisión. Hoy mismo invitaré al primer ministro israelí a visitar Hungría", afirmó Orbán, añadiendo que garantizará que la decisión de la CPI "no tendrá ningún efecto en Hungría".
La Unión Europea, como bloque, también ha manifestado su posición. El alto representante de política exterior de la UE, Josep Borrell, respaldó la decisión de la CPI, rechazando los comentarios de Israel que calificaban el fallo de "político". “No es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia internacional, y debe ser respetada y aplicada”, declaró Borrell.
Otros países europeos han mostrado su respaldo. El primer ministro de Irlanda, Simon Harris, describió la decisión como un “paso extremadamente significativo”, enfatizando la gravedad de las acusaciones contra Netanyahu y Gallant. “Irlanda respeta el papel de la Corte Penal Internacional y quien esté en posición de ayudarle a cumplir su labor debe hacerlo”, añadió Harris.
Mientras tanto, fuera de Europa, Canadá y Jordania también han reafirmado su compromiso con el derecho internacional. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó la intención de su gobierno de respetar los fallos y regulaciones de la CPI. “Defendemos el derecho internacional y cumplimos las resoluciones de los tribunales internacionales”, puntualizó Trudeau. Jordania, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Ayman Safadi, se unió al llamado para que los países miembros de la CPI cumplan con el fallo del tribunal.
Sin embargo, no todos los países europeos han hecho declaraciones firmes sobre un posible arresto. Francia, por ejemplo, se mostró más cautelosa. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés indicó que “se trata de un punto jurídicamente complejo” y evitó comprometerse con una declaración clara en cuanto a la detención de los líderes israelíes si llegaran a pisar suelo francés.
Esta reacción de Europa y sus aliados marca un momento de tensión en las relaciones internacionales y plantea un desafío diplomático significativo. Las órdenes de arresto de la CPI son simbólicas y prácticas en la medida en que obligan a sus miembros a enfrentar la responsabilidad de las acciones de sus líderes en conflictos internacionales. Al mismo tiempo, el desarrollo de esta situación podría influir en la posición de otros países y en la dinámica de poder y derechos humanos en la región de Oriente Medio.
En un contexto de escalada en el conflicto entre Israel y Hamás, esta decisión de la CPI y la respuesta internacional subrayan la creciente demanda por rendición de cuentas en la arena global.
