En el territorio nacional circulan actualmente 17.154 vehículos eléctricos, que solo tienen disponibles 125 centros de recarga, lo que evidencia una infraestructura insuficiente para garantizar un servicio continuo y eficiente.
La situación fue expuesta por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que analizó la disponibilidad de estaciones de recarga eléctrica.
En 2023 se instalaron 24 nuevos equipos y en 2024 apenas se sumaron tres, para un total de 133 puntos en funcionamiento. Sin embargo, además de la limitada cobertura, estas estaciones enfrentan miles de averías que complican su operatividad, de ahí que el número de aparatos en operación sea menor.
Entre enero de 2023 y abril de 2024, se reportaron 4.959 fallas en los puntos de recarga.
Según Aresep, los problemas se deben, en su mayoría, a problemas en el software de los equipos, daños provocados por usuarios y la incompatibilidad de los estándares de las estaciones con vehículos de marca china, que son los más comunes en el mercado local.
De los 125 puntos de recarga disponibles, 97 están administrados por tres grandes empresas distribuidoras de electricidad: el ICE, que opera 64; la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), con 11; y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), que gestiona 22.
Los otros 28 puntos restantes están en manos de cooperativas de electrificación rural y de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec), que dispone de cinco estaciones.
El ICE concentra el 82% del total de averías, principalmente debido a problemas de software que impiden realizar cobros o iniciar el suministro de carga al conectar los vehículos.
La Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, aprobada en 2020, permitió la instalación de electrolineras en regiones alejadas del Valle Central.
No obstante, los problemas de mantenimiento, el vandalismo y el mal uso de los equipos dificultan la disponibilidad de las estaciones, especialmente en áreas rurales y costeras, lo que limita la autonomía de los vehículos eléctricos.
Gestión del ICE entorpece transición a vehículos eléctricos
Un proyecto de ley, impulsado por la diputada independiente Kattia Cambronero, propone ampliar la red de estaciones de recarga mediante la participación de actores privados.
La propuesta titulada Fomento a la Infraestructura de Recarga Eléctrica y Estrategias para la Movilidad Sostenible (Expediente 24.171), ya obtuvo dictamen afirmativo en la Comisión Permanente Especial de Ambiente y está a la espera de ser discutida en el plenario legislativo.
Silvia Rojas Soto, directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica, instó a mejorar la calidad y cantidad de las electrolineras, así como a una mayor regulación por parte de Aresep.
“La red de recarga debe crecer, pero lo más importante es que las estaciones existentes funcionen adecuadamente. Aresep debe intensificar su fiscalización, y el proyecto de ley 24.171 debe avanzar en la Asamblea Legislativa para permitir la participación del sector privado y complementar la red actual”, declaró.
