La Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en primer debate, un crédito de $160 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), ente adscrito al Banco Mundial, para atender situaciones de emergencia en Costa Rica. Los recursos podrían utilizarse para afrontar las inundaciones provocadas por el huracán Rafael y la tormenta tropical Sara.
La iniciativa recibió el apoyo unánime de los 41 legisladores presentes en el plenario en el momento de la votación; se fijó la votación en segundo debate para el próximo martes 26 de noviembre.
Se trata del expediente 24624, contrato de préstamo entre Costa Rica y el BIRF, para financiar el segundo préstamo de políticas de desarrollo de la gestión del riesgo de desastres en el país, con opción de desembolso diferido ante catástrofes (CAT DDO).
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que el dinero se puede utilizar a través de la emisión de un decreto de emergencia que determine el monto necesario, con base en los daños causados. “Los desembolsos van de acuerdo con las necesidades de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) para atender las consecuencias de la emergencia”, indicó Acosta.
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El proyecto fue dictaminado el 30 de octubre en la Comisión de Hacendarios, y entró a la agenda del plenario el lunes, una vez que todos los miembros de ese órgano firmaron el informe.
Emitido el decreto de emergencia y con base en lo establecido por el expediente, la CNE puede usar los recursos sin ajustarse a los procedimientos normales de contratación administrativa y ejecutarlos conforme a los procedimientos de emergencia dispuestos en la ley.
Los recursos también quedan excluidos de la aplicación de la regla fiscal y del pago de impuestos, además de que van a nutrir el Fondo Nacional de Emergencias, incorporarse al Presupuesto Nacional vía decreto y administrarse bajo el principio de la Caja Única del Estado.
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA) e integrante de Hacendarios, explicó que esta es una especie de línea de crédito por $160 millones para que el país tenga acceso a esos recursos cuando requiera atender las consecuencias de los desastres naturales.
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“Más allá del pleito politiquero que desde otras tiendas quieran imponer, lo importante es coincidir en aquellas cosas que le puedan resolver los problemas a la gente, justo para atender emergencias. Para que la CNE pueda afrontar esta u otras emergencias, es necesario tener acceso a recursos de manera eficiente, rápida y a bajo costo”, dijo Acuña.
Mientras tanto, el liberacionista Luis Fernando Mendoza enfatizó las gestiones que hizo él con Nogui Acosta, para que el proyecto avanzara lo más rápido posible. Sin embargo, reclamó que no hubiera apoyo a una iniciativa para dedicar un porcentaje del crédito para que se le trasladara al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), a fin de atender a las personas que se quedaron sin casa, pero que no pueden ser atendidas por estas instituciones porque no están formalmente en condición de pobreza.
Más temprano, los jefes de fracción discutieron esa intención de Mendoza, pero advirtieron de que haber hecho esa modificación habría retrasado el trámite de la iniciativa, pues habría obligado a realizar consultas obligatorias.
La presidenta de Hacendarios, la también liberacionista Paulina Ramírez, destacó la reacción del Congreso ante la situación de lluvias que afectaron muchos cantones del país, y el trámite acelerado que tuvo en cuestión de una semana.
