Al alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, “no le gustan” algunos incentivos fiscales concedidos al sector inmobiliario en la capital. En consecuencia, se abstiene de convocar a la Comisión de Regeneración y Repoblamiento de la Municipalidad cuyo visto bueno es indispensable para construir. El órgano no se reúne desde el 21 de marzo, y unos 25 edificios de apartamentos, oficinas y comercios hacen fila con diversos grados de avance, según la Cámara Costarricense de la Construcción.
El alcalde duda del beneficio de los incentivos para la Municipalidad, asegura Randall Murillo Astúa, director ejecutivo de la Cámara. La evaluación de las ventajas es razonable y el alcalde conoce la vía para modificarlas si fuera necesario, pero impedir indefinidamente el desarrollo de nuevas obras mientras toma una decisión raya en la arbitrariedad.
Por añadidura, el funcionario es poco comunicativo. Rechaza entrevistas sobre el tema y solo se manifiesta dispuesto a responder preguntas por escrito, en consonancia con un estilo adoptado por él desde el comienzo de la administración. Las respuestas escritas impiden repreguntar y, con frecuencia, el valor de una entrevista está en el intercambio espontáneo del funcionario con el periodista.
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) también ha procurado el diálogo. Su director ejecutivo, Guillermo Carazo Ramírez, solicitó una reunión con el alcalde, pero no tuvo respuesta. Según el director ejecutivo de la Cámara de la Construcción, Miranda se comprometió en octubre a conversar individualmente con los empresarios y a instalar una mesa de trabajo con la organización, pero la promesa no se ha concretado.
Los incentivos tienen el propósito de impulsar el repoblamiento de la ciudad, cuyo notable deterioro guarda estrecha relación con el alejamiento de sus habitantes y el abandono de su infraestructura. También procuran densificar la ciudad para hacerla más eficiente y aumentar, a corto y mediano plazo, la recaudación de impuestos.
En las zonas de desarrollo inmobiliario proliferan, junto a los condominios verticales, los restaurantes, cafeterías, centros de oficinas y otros negocios, todos generadores de ingresos para la Municipalidad. Sopesar el valor de los incentivos contemplados en el Reglamento de desarrollo urbano contra esas ventajas no exige la paralización de las obras.
San José no está solo en la Gran Área Metropolitana, y los cantones vecinos han demostrado capacidad para competirle con éxito. Escazú, Belén y Tibás son tres de muchos ejemplos. Los propietarios o inquilinos de un edificio en cualquiera de ellos apenas notan, salvo casos muy específicos, la distancia del cantón Central. Uno de los empresarios entrevistados por La Nación sobre el estancamiento de los proyectos dijo haber desistido de construir en el cantón Central para explorar posibilidades en Curridabat y Escazú.
La paralización de nuevos desarrollos tiene también consecuencias evidentes para el empleo. La construcción es una de las industrias más creadoras de puestos de trabajo. Las implicaciones financieras y los efectos sobre la inversión también resultan obvios. Además, la contribución de la parálisis a la escasez de vivienda eleva los precios y varios de los proyectos varados están dirigidos a la clase media.
La responsabilidad del alcalde es mucha. Las consecuencias de sus acciones u omisiones repercuten sobre miles de personas y dan forma a la convivencia en la capital. Nadie le aconsejaría tomar decisiones precipitadas, pero sí tiene la obligación de considerar el costo de la excesiva parsimonia en sus deliberaciones.
