El impuesto a las grandes energéticas vuelve a la actualidad. Para conseguir el debido apoyo parlamentario a su reforma fiscal, el Gobierno se ha comprometido a presentar un Real Decreto-ley que grave a estas compañías. Aunque todavía no se conoce la forma ni el fondo, las reacciones han llegado de inmediato . El Círculo de Empresarios cree necesario ampliar su reflexión sobre el trámite legislativo de medidas fiscales insistiendo en «la necesidad de fomentar la seguridad jurídica para el desarrollo de las actividades de las empresas y particularmente en la calidad legislativa de las normas». La organización hace referencia a los datos presentados este miércoles por el Club Español de la Energía en el que hacía referencia a los 30.000 millones de euros de inversiones en riesgo en tres años. Explican que esto «refleja la conveniencia de legislar estudiando previamente el impacto económico de los proyectos legislativos en materia tributaria. Las empresas son responsables de un 61% (181.000 millones de euros) de la formación bruta de capital fijo (295.000 millones) en España». La reflexión que acompaña a los datos anteriores, explican desde Círculo de Empresarios, « pone de manifiesto que en las propuestas legislativas de carácter tributario que se hagan al margen de la Ley General de Presupuestos se deben reforzar la transparencia , la audiencia pública de los afectados, la participación de organismos constitucionales como el Consejo de Estado y los análisis de impacto económico, y no exclusivamente recaudatorio». Por ello, argumentan, debe darse « un sistema tributario estable y alejado de los naturales vaivenes de la negociación política , constituye una piedra angular de la seguridad jurídica para que las empresas y los inversores inviertan su capital y con ello contribuyan al bienestar económico y social, a la creación de valor para la sociedad y a la generación de empleos. Para atraer capital en un mundo de alta competición, es fundamental contar con la claridad, calidad y estabilidad de las normas regulatorias y tributarias». Y la conclusión es tajante. Aseguran que « la seguridad jurídica, insistimos, es aún más importante , si cabe, en los sectores intensivos en capital que asumen inversiones en instalaciones energéticas con una vida útil que puede oscilar entre los 30 y 50 años. El sector energético español es líder en muchos aspectos en España y fuera de nuestro país, constituyendo parte fundamental de la estructura económica que da soporte a presentes y futuras actividades de particulares, todo tipo de empresas e instituciones públicas y privadas».
